El matrimonio propietario del restaurante de Caldes de Malavella donde el pasado día 7 se produjo el accidente de un castillo hinchable en el que murió una menor y otros seis resultaron heridos han declarado hoy ante los Mossos, que les acusan de homicidio por imprudencia.
El abogado de ambos, Carles Monguilod, ha explicado a la salida de la comisaría de Santa Coloma de Farners que la policía debe titular de ese modo la conducta de sus defendidos, pero ha considerado que el siniestro era “imprevisible”.
La prueba para Monguilod es que, “después de unos días, nadie se ha atrevido a decir por qué pasó el accidente”, lo que a su entender impedía que se contemplase como una posibilidad.
La acusación formal es la de un delito de homicidio y seis de lesiones por imprudencia, según han conocido los dos investigados, que se han presentado a declarar después de haberlo hecho el marido en calidad de testigo.
Los agentes les han preguntado principalmente sobre los anclajes del castillo hinchable, que salió volando cuando los niños se encontraban encima, y, ahora, se está pendiente del informe pericial a la espera de que mañana o el lunes, día 15, se entregue el atestado en el juzgado de Santa Coloma de Farners.
Carles Monguilod ha explicado que sus defendidos han insistido en su declaración en que se trataba de la segunda estructura de este tipo que se instalaba en el restaurante y que nunca pensaron en la posibilidad de un accidente.
Monguilod ha detallado que el matrimonio cuenta con dos pólizas de seguro del local y que “una se hizo específicamente para asegurar las actividades de la terraza” donde se ubicaba el castillo.
El abogado está convencido de que se trata de un “accidente”, aunque puede haber “una responsabilidad civil y se hará frente a ella, para eso hay seguros”, pero ha reiterado que no ve la imprudencia grave, “más allá de que obviamente habrá que esperar al resultado de los informes técnicos, que son lo más importante”.
Carles Monguilod ha puntualizado sobre la falta de permisos para instalar la atracción que, tras consultar a profesionales del sector y a especialistas en administración, no queda claro “si esta instalación necesitaba algún tipo de licencia o autorización”.
En todo caso, “la actividad del restaurante estaba perfectamente regulada y con todas las licencias vigentes desde 1992”, ha manifestado el abogado, quien ha añadido que el trabajador que montaba y desmontaba el castillo sólo ha declarado en calidad de testigo.
