La Fiscalía prepara una querella por desobediencia, prevaricación y malversación ante la licitación por parte de la Generalitat del suministro de urnas para elecciones al Parlament, consultas populares y “otras formas de participación ciudadana”, con las que pretende celebrar el referéndum soberanista.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la querella se está preparando después de que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) haya publicado hoy un anuncio sobre el proceso de licitación de las urnas, con un valor de 200.000 euros.
La querella incluye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, según las fuentes.
La intención de la Fiscalía Superior de Cataluña es que esta nueva querella comporte la apertura de una investigación separada de la que ya está abierta por la publicidad institucional que la Generalitat impulsó sobre un registro de catalanes en el exterior, ante la sospecha de que estaría vinculada al referéndum, según las fuentes.
La nueva querella que prepara la Fiscalía se centra en el anuncio que hoy publica el DOGC, firmado por Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, en el que se licitan dos lotes, el primero de “urnas electorales transparentes” y el segundo de “urnas de cartón”, por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros.
El plazo de presentación de las ofertas es de quince días contando desde la publicación del anuncio de licitación y el lugar para presentarlas, el Registro general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, situado en el número 26 de la Via Laietana de Barcelona.
Fuentes de la Generalitat confirmaron la semana que tenían previsto iniciar un proceso público para preseleccionar empresas que puedan proveer urnas con vistas a celebrar tras el verano un referéndum sobre la independencia de Cataluña, unas 8.000 de metacrilato y 4.000 de cartón.
El Gobierno ya advirtió el pasado viernes, tras este anuncio del Govern, de que la Fiscalía intervendría el momento en el que la Generalitat lanzara la licitación para adquirir urnas destinadas al referéndum independentista.
La Fiscalía ya abrió a finales de marzo diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales en relación a la supuesta preparación del referéndum, a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el “registro de catalanes y catalanas en el exterior”.
En el marco de esta investigación, que la Fiscalía pretende que se lleve a cabo de forma desligada de la eventual que se impulsaría a raíz de la nueva querella sobre el proceso de compra de urnas, la Guardia Civil ya ha requerido a la Generalitat, a instancias del ministerio público, los expedientes relativos a la publicidad institucional, según han informado a Efe fuentes cercanas a las pesquisas.
Además, la Guardia Civil también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del pasado año a 24 entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como la Hacienda catalana o unos servicios de inteligencia.
Estas empresas ya han entregado documentación relativa a los contratos bajo sospecha a la Guardia Civil, que la está analizando, según las fuentes.
Paralelamente, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona investiga las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, que en distintas conferencias explicó que el gobierno catalán estaba recopilando ilegalmente los datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.
La Fiscalía había abierto días antes una investigación sobre las declaraciones de Santi Vidal, aunque por el momento ha suspendido sus diligencias al haber asumido las pesquisas el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que también ha encargado diligencias a la Guardia Civil.
