Altruista, garantista, supervisada por un órgano estatal y a la que sólo se pueda acudir por problemas de fertilidad. Así es la Ley que demandan las asociaciones de la Gestación Subrogada y de abogados de familia, que la considera “urgente y necesaria”, mientras los políticos siguen sin definirse.
Aunque no hay datos oficiales, la Asociación por la Gestación Subrogada calcula que “cada año entran en España más de mil bebés” fruto de esta técnica -cada vez más demandada- en países que sí la tienen regulada.
El debate sobre su regulación en España ha sido reabierto por la recién creada Red Estatal contra el Alquiler de Vientres -integrada por más de cuarenta organizaciones de mujeres y el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB)-, que la rechaza por ser una “vulneración de los derechos de la mujer y el niño”.
Los partidos políticos siguen sin definir sus posturas (ni siquiera dentro de un mismo grupo) sobre un asunto que podría llegar al Congreso en breve dado que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, prometió presentar una iniciativa para abordar su regulación “al ser de justicia” y suponer un avance.
La legislación española “sólo” se refiere a la gestación subrogada en la Ley de 2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida,”expresamente para prohibirla”, según la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano.
Lozano cree que la Ley es “totalmente necesaria” para evitar fraudes, abusos, tráfico de personas y situaciones perjudiciales y garantizar los derechos de todos los implicados, principalmente los de los menos favorecidos, “que para mí son los menores”.
Pero demanda una ley altruista, con una compensación económica por los gastos que suponga el embarazo y que impida “situaciones de poder como el uso de mujeres con necesidades económicas como fábricas de bebés”.
¿Y qué cantidad habría que dar a la madre gestante?
“Que el Ministerio decida una cuantía justa para compensar un embarazo”, apunta Aurora González, de la Asociación por la Gestación subrogada (8.000 asociados), organización creada hace cuatro años para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de esta práctica.
“Redactamos la Proposición de Ley, nos reunimos con los partidos políticos, tuvimos muy buena acogida y pensamos que era más factible que fueran ellos los que llevaran la iniciativa al Parlamento y legislasen”, explica.
Sobre la cobertura de esta Ley, estos colectivos tienen claro que ha de ser abierta a homosexuales y heterosexuales así cómo a familias monoparentales.
Pero con limitaciones sobre la causa: sólo para infertilidad física o estructural, como es el caso de una pareja de hombres, aclara González.
Además, Paco López de la asociación Son nuestros hijos apoya la “supervisión” de todo el proceso “desde el primer minuto” por un “órgano estatal” para garantizar su desarrollo.
“Se nos acusa de querer plasmar en contratos cosas que van a subyugar la voluntad de alguien, cuando lo que queremos es que estos procesos estén protagonizados por mujeres libres, que tomen sus decisiones y que ayuden de forma voluntaria a personas que no puedan tener una gestación propia”, precisa.
Y asegura que “en eso coincidimos con todos los colectivos que se oponen” a su legalización.
A la espera de que los políticos abran este debate, la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), ha redactado una propuesta de bases generales para su regulación, sin pronunciarse “ni a favor ni en contra. Simplemente constatando una realidad”.
La SEF se opone a que haya transacción económica con la madre gestante (que ha de tener al menos un hijo sano) y pide la creación de un Registro de Gestantes, entre otros factores.
En el terreno parlamentario, el PP aprobó, en su último congreso, una enmienda en la que se comprometía a escuchar primero a los expertos en esta materia antes de definir su posición.
El PSOE se ha mostrado dispuesto a abrir un debate sobre este tema pero en principio se opone a ella al considerarla, según dijo la secretaria adjunta del grupo parlamentario, Marisol López, “un eufemismo”, ya que “en realidad lo que quiere decir es que alguien nos haga un hijo”.
Y Podemos nada entre dos aguas. Su portavoz de Igualdad, Sofía Castañón, se inclina por “el debate debido a su complejidad”. Considera que se trata “por un lado de la libre disposición del cuerpo de las mujeres”, y por otro, “de una situación de explotación por la desigualdad de género que existe”.
Olivia Alonso
