El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado hoy a prisión sin fianza al expresidente madrileño Ignacio González, detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Lezo, donde se investigan irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado ha adoptado así la misma medida que para su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, que ha declarado hoy junto a González y otros cinco arrestados en la operación.
Según han informado fuentes jurídicas, González ha negado ante el juez, durante las casi tres horas de interrogatorio, todas las supuestas irregularidades que le ha imputado el magistrado.
Durante su comparecencia se han reproducido varias conversaciones pinchadas en las que aparece González de interlocutor y algunas de las preguntas que le han hecho han versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al Canal de Isabel II, del que fue presidente de 2003 a 2012.
Para el hermano de Ignacio González, Pablo González, exdirigente de Mercasa, Velasco ha dictado prisión eludible bajo el pago fianza de 4 millones de euros y para su cuñado Juan José Caballero, prisión bajo fianza de 100.000 euros.
En el caso del ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, al igual que con el consejero de OHL Javier López Madrid, ha dictado su libertad bajo una fianza de 100.000 euros, que deberán pagar antes de las 12.00 horas del 28 de abril si no quieren ingresar en la cárcel.
De los siete arrestados que han pasado hoy a disposición del juez, que ayer tomó declaración a otros dos detenidos, ha quedado asimismo en libertad, y solo con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, Clarisa Guerra, secretaria de Edmundo Rodríguez.
Las cuatro personas contra las que el juez ha decretado prisión (Ignacio González, Pablo González, Edmundo Rodríguez y Juan José Caballero) serán trasladados a la cárcel de Soto del Real (Madrid).
Ayer, el juez ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín.
En este caso se investiga un supuesto desfalco a las arcas públicas de al menos 23 millones de euros relacionado con el Canal de Isabel II, así como la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
Ese agujero es el que los investigadores han detectado solo en la compra en 2013 por parte del Canal de la empresa brasileña Emissao, que fue, según el juez, “hipervalorada ficticiamente” y se hizo sin ningún tipo de control para el “desvío de dinero público madrileño” a “cuentas bancarias de terceros países con opacidad”.
Además, hoy se ha sabido que Edmundo Rodríguez ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal y también que el padre de González declaró como investigado en la causa por la sospecha de que se le utilizó para blanquear dinero.
Los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, investigan asimismo un posible chivatazo por parte de una magistrada de que estaban investigando a Ignacio González, a partir de una conversación intervenida en la que este último habla de ello con el exministro Eduardo Zaplana.
