El Tribunal Constitucional gastó entre enero y marzo de 2017 un total de 28.715 euros en regalos institucionales como cajas de plata, corbatas y pañuelos, colgantes, gemelos o blocs de notas, comprados a diferentes proveedores mediante contratos menores, los que se adjudican sin concurso público.
Los contratos menores no requieren la convocatoria de un concurso abierto a cualquier empresario, sino que pueden adjudicarse directamente, siempre que sean inferiores en su cuantía a 18.000 euros (si se trata, como es el caso, de suministros). El TC adjudicó estos contratos menores a distintos proveedores.
Como referencia comparativa, cabe señalar que el Tribunal Supremo, cuyo número de magistrados y número de sentencias es mayor que el del TC, alcanzó en todo el año 2016 unos gastos de protocolo, que incluyen la celebración del Año Judicial y sus Jornadas de Puertas Abiertas, de 18.023 euros, es decir, de unos 10.000 menos.
Los datos provienen de las páginas web de ambas instituciones, que exponen al público la gestión económica de los dos tribunales.
El Tribunal Constitucional es la institución que mejor cumplimiento tiene de la Ley de Transparencia, según señala el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su primer informe de evaluación de la información que facilitan los órganos constitucionales en sus web.
La institución mejor valorada por el informe es, precisamente, el Consejo General del Poder Judicial, cuya web informa sobre el Supremo.
Fuentes del TC han explicado a Efe que los gastos de regalos se han empleado en presentes para visitas o actividad internacional, por ejemplo. Cuando se agotan deben ser repuestos, pero con vistas a más de un año, o incluso dos o tres, señalan esas fuentes.
Además, las mismas fuentes han explicado que se trata de contratos menores adjudicados sin concurso, pero que todos han contado con tres presupuestos diferentes.
Por otro lado, algunos de los gastos expuestos por la página del TC corresponden a servicios como “seguimiento de informaciones publicadas sobre el Tribunal Constitucional”, una labor que fue adjudicada a una conocida empresa multinacional, el 28 de junio de 2016, por 17.892 euros.
En instituciones mucho más sometidas al escrutinio de los medios de comunicación, como es por ejemplo un ministerio del Gobierno, que genera un volumen de información en los medios muy superior al del TC, este tipo de servicios se suele adjudicar por contrato público de un año y valores de entre 50.000 y 70.000 euros.
En la información de la web del TC figuran otros contratos menores directos como gastos en clases de francés por valor de 5.821 euros, un curso en gestión eficaz del tiempo por 1.088, la adquisición de vasos de plástico por valor de 3.000 o la de productos higiénicos y toallas por 6.000 euros.
Llama la atención el intenso uso que realiza el TC de sus fotocopiadoras a juzgar por el coste de su mantenimiento: 21.000 euros en los últimos meses (en dos contratos menores firmados el 22 de diciembre de 2016 y el 31 de enero de 2017).
El Tribunal Constitucional firmó contratos convocados por procedimiento abierto (concurso público) por valor de 605.193 euros para el mantenimiento de las instalaciones generales y dependencias, y por 95.378 para mantenimiento y actualización de licencias para el desarrollo, estaciones de trabajo y servidor web.
Además, firmó otros contratos menores, los ya aludidos de adjudicación directa, para el mantenimiento de las instalaciones contra incendios (13.061 euros el 28 de febrero de 2017); el de las instalaciones de seguridad (17.843 en noviembre de 2016); el de los ascensores (21.727, también en noviembre de 2016), o dos por el mantenimiento de licencias de software por valor de casi 31.000 euros.
