La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra, el ex director general Adolf Todó y otros quince consejeros de la entidad por los “escandalosos” sueldos e indemnizaciones que cobraron pese a la crítica situación económica de la antigua caja de ahorros.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, Anticorrupción atribuye a diecisiete personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, por los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 exdirectivos de CatalunyaCaixa pide dos años de prisión por un único delito de administración desleal.
La Fiscalía pide, además, que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un mínimo de 2,5 millones de euros.
El fiscal recuerda que CatalunyaCaixa vivió una situación “crítica” como consecuencia de la crisis, hasta el punto que en 2010 el FROB tuvo que inyectar 1.250 millones para recapitalizarla.
Pese a ello, Narcís Serra, entonces presidente de CatalunyaCaixa, acordó la contratación de Adolf Todó como director general y Jaume Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas para el momento que atravesaba la entidad.
La Fiscalía considera “irresponsable” la política de retribuciones asumida por los órganos de la entidad y tacha de “escandalosas y millonarias” las indemnizaciones percibidas por los directivos y miembros del consejo de administración.
“A pesar de la difícil situación económica global y, en particular, del sistema financiero, y especialmente de esta caja, los sueldos de los altos directivos Adolf Todó y Jaume Massana no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011”, denuncia el fiscal.
Adolf Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos de más de 4 millones de euros entre los años 2008 y 2012, cifra a la que hay que sumar las aportaciones realizadas al plan de pensiones, que sumaron cerca de 2 millones.
Por su parte, Jaume Massana percibió en ese mismo período una retribución de 2,9 millones y una aportación al plan de pensiones por importe de más de 633.000 euros.
Además, los directivos se subieron el sueldo “cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones e incluso cuando ya habían sido aportados”.
El exdirigente socialista Narcís Serra, recuerda el fiscal, no sólo tenía un cargo representativo en CatalunyaCaixa, sino que presidía las comisiones y el consejo de administración y tenía “elevados emolumentos” en concepto de dietas.
A partir de 2007 se estableció un salario para Serra como presidente no ejecutivo, a pesar de no ser preceptiva su fijación, y llegó a cobrar entre 2007 y 2010 más de un millón de euros en concepto de dietas y retribución.
La Fiscalía sostiene que en CatalunyaCaixa “han existido retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia”, algo que sorprende no sólo porque la entidad solicitó la inyección de dinero público por parte del FROB, sino también porque en 2010 el grupo presentó un ERE para la extinción, suspensión o reducción de jornada de hasta 1.300 empleos.
“Los acusados, sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla, con evidente abuso del cargo que ostentaban utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo que contribuyó a aumentar su grave crisis financiera”, remarca el fiscal.
La Fiscalía subraya que esta actuación “denota un reprochable y espurio manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos”.
Se da la circunstancia de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga también a Narcís Serra, a Adolf Todó y a otros trece altos cargos de CatalunyaCaixa por otro presunto delito de administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones.
Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Cataluña Mediterránea (PROCAM).
