La defensa de CDC ha evitado exponer a sus cargos en el juicio por el expolio del Palau de la Música al renunciar a 36 testigos, entre ellos dos exconsellers de Jordi Pujol, en la primera jornada de una vista marcada por un eventual pacto con la Fiscalía para que dos acusados delaten al partido.
Ocho años después de estallar el escándalo por el multimillonario expolio del Palau de la Música, hoy ha arrancado en el Auditorio de la Ciudad de la Justicia el juicio a los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, por su papel clave en el supuesto pago de comisiones al partido, a través del Palau, a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de Jordi Pujol.
El juicio, que se prolongará hasta finales de junio, se ha iniciado hoy con el trámite de cuestiones previas, con todas las miradas puestas en la mano derecha de Millet, Jordi Montull, después de que ayer trascendió que ha ofrecido un pacto a la Fiscalía para delatar a Convergència a cambio de reducir sustancialmente la pena para su hija, ex directora financiera del Palau, que afronta una petición de 26 años de prisión.
A la espera de que el próximo miércoles 8 de marzo empiecen a declarar los 16 acusados en esta macrocausa, la defensa de CDC -que comparece como responsable civil a título lucrativo por el expolio del Palau- y de Osàcar -que afronta siete años y medio de cárcel- ha anunciado que renunciaba a 36 de sus testigos, entre ellos los exconsellers de Política Territorial Pere Macias y Felip Puig, así como Jordi Turull, actual hombre fuerte del partido en el Parlament.
La renuncia de estas testificales, aceptada por el tribunal, supone en la práctica que se anularán cuatro días de declaraciones en el juicio por el caso Palau -del 24 al 27 de abril-, centrados fundamentalmente en esclarecer los concursos de obra pública por los que se sospecha que CDC cobró supuestas comisiones ilegales a través de Millet y Montull, para quienes el fiscal pide 27 años de cárcel.
El abogado de CDC y de Osàcar, Xavier Melero, ha alegado que renunciaba a estas testificales por considerar que los concursos para la adjudicación de las obras investigadas, como la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro de Barcelona, el revestimiento de la Sèquia Bellet y un pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) no son controvertidos ni suponen el objeto del juicio.
Los 36 testigos propuestos inicialmente por CDC y Osàcar y que finalmente no comparecerán formaron parte de las mesas de contratación que adjudicaron algunos de los proyectos bajo sospecha, la mayoría de ellos al ser miembros del consejo de administración de la empresa de obra pública de la Generalitat GISA.
La defensa también ha renunciado al testigo del exconseller de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal (PSC) y de la arquitecta Carmina Llumà, cuyo fichaje como alto cargo del consistorio de Montcada i Reixac (Barcelona) motivó una condena por tráfico de influencias a la exalcaldesa socialista de la localidad Maria Elena Pérez y a los exdirigentes de ese partido Manuel Bustos y Daniel Fernández.
Llumà había sido citada por su papel como exsecretaria de Política Territorial, ya que la defensa de CDC había solicitado la testifical de todos los que habían ostentado este cargo entre 1999 y 2004: Josep Antoni Grau, Josep Arqués y Josep Mir.
Otros de los testigos que había citado la defensa de CDC y Osàcar son el exconseller de Medio Ambiente y exsecretario general de Política Territorial Joan Ignasi Puigdollers, así como el exdirector general de Puertos y Transportes Enric Ticó.
También se librarán de comparecer como testigos el exdiputado del PSC y exalcalde de El Vendrell (Tarragona) Martí Carciner, que fue uno de los colaboradores más estrechos del exconseller de Economía Antoni Castells durante el tripartito, así como el expresidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Brauli Duart.
La mayoría de las defensas, entre ellas las de Osàcar o de las de los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, han aprovechado las cuestiones previas del juicio para pedir a la sala la absolución de sus clientes, argumentando que han prescrito los delitos que se les imputan.
La defensa de los dos exdirectivos de Ferrovial ha esgrimido, además, que la Fiscalía no estaba legitimada para ejercer la acusación contra sus clientes por el delito de administración desleal, ya que este es “semipúblico” y exige denuncia de los perjudicados.
Otro de los caballos de batalla planteados por la defensa de estos acusados es la nulidad de los archivos informáticos en que la Agencia Tributaria se basó para confeccionar el informe en el que concluyó que CDC cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau de la Música.
Cristóbal Martell, abogado de Pedro Buenaventura, ha afirmado que dicha prueba fue obtenida de forma irregular, dado que el auto judicial que amparaba la entrada y registro en el edificio del Palau de la Música no autorizaba expresamente al volcado y clonación de los archivos informáticos que apuntaban al presunto pago de comisiones, extraídos del ordenador de la secretaria de Millet.
