España es el último país de la Unión Europeo en cuanto al peso de los trabajadores que continúan en activo más allá de los 65 años, con una tasa de empleo en esa edad del 6,3 %, que supone una tercera parte de la media europea.
Según datos de Eurostat relativos a 2015, los trabajadores españoles son los europeos que menor tasa de actividad tienen después de los 65 años, lejos del 18,7 % de la media de los países de la UE de los 28 y por debajo de otros con poco envejecimiento activo, como Hungría (6,6 %) Francia o Bélgica (8,7 % ambos).
La mayor tasa de empleo más allá de los 65 años corresponde a Estonia (42,4 %), seguida a continuación por Portugal (37,8 %), el Reino Unido (34,2 %), Rumanía (32,8 %) y Suecia (31,5 %).
Detrás, se encuentran Letonia, Alemania, Dinamarca, Lituania, Holanda y Finlandia, que superan el 20 %, y ya por debajo del promedio están, entre otros, Austria (17,8 %) o Italia (13,7 %), aparte de una serie de países de reciente adhesión a la UE.
Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) comentan a Efe que estos datos ponen de manifiesto la escasa participación en la vida laboral de los españoles que superan los 65 años en comparación con el resto de los países europeos.
A juicio del IEE, la vida laboral se podría ampliar con diferentes medidas que pasan por combatir la discriminación por edad, promover la jubilación activa -compatibilizar el trabajo con el disfrute de la pensión de jubilación- o desincentivar las prejubilaciones.
No son los únicos expertos que se decantan por ampliar la edad de jubilación y dificultar el acceso a la misma de forma anticipada una vez que se ha abierto el debate sobre la estabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido ha girado la intervención del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, esta semana en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo, donde propuso prolongar la edad de jubilación, que en la actualidad está en los 65 años y 5 meses, pero que alcanzará los 67 años en 2027.
Para los sindicatos, esta prolongación de la vida laboral supone cuestionar el derecho constitucional a la jubilación y trastoca la estructura social, imposibilitando el relevo generacional y la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo.
Prolongar la vida laboral es una de las medidas por las que ha apostado el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
En 2011 la reforma del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero amplió la edad legal de jubilación a razón de un mes al año empezando en 2013 con 65 años y un mes, y terminando en 2027 con 67 años.
La posterior reforma del PP de 2013 ha hecho compatible continuar trabajando con el cobro del 50 % de la pensión de jubilación, una opción de la que disfrutan ya más de 31.250 personas y que podría ampliarse percibiendo el cien por cien de la pensión si prospera la propuesta planteada por el Ejecutivo.
Además, el Gobierno dificultó el acceso a la jubilación anticipada, haciendo necesario tener más edad y más años de cotización a la Seguridad Social, y quedándose con una pensión menor, puesto que los coeficientes de reducción son mayores.
En 2015 había 367.000 personas menores de 65 años y cobrando una pensión de jubilación, por una cuantía que oscilaba entre los 1.446 y los 2.258 euros mensuales.
En la comparativa europea, España también está entre países con una menor tasa de empleo en las personas de entre 60 y 65 años, con una tasa del 35,3 %, muy por debajo de las alcanzadas en Suecia (66,1 %), Alemania (53,3 %) y Holanda (50,5 %), aunque ligeramente por debajo de la media europea (38,3 %).
