El fiscal del caso del 9N, Emilio Sánchez Ulled, ha sostenido que en el juicio que hoy termina en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta independentista no se juzga la “voluntad popular”, sino una “grave ruptura” de las reglas del juego democrático y de la convivencia.
En la introducción de su informe final ante la sala, el fiscal ha insistido en que en la causa contra el expresidente catalán Artur Mas se dirime “un desacato, una desobediencia de un mandato constitucional”, sin que pueda reducirse a un “enfrentamiento entre unos seres vestidos de negro que representan a instituciones antidemocráticas frente a unos investidos de autoridad democrática”.
En ese sentido, Sánchez Ulled ha confesado el “dolor y tristeza” que le produce el caso del 9N porque, a su parecer, hubo “una ruptura de las reglas de juego democráticas” en el que la ejecución de la consulta por parte de los voluntarios “enmascaraba una actuación continuada de los poderes públicos” para desobedecer al Tribunal Constitucional.
Sánchez Ulled, que ayer mantuvo su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, ha pronunciado hoy sus informes finales en castellano, lo que ha justificado en la “importancia” de que sus argumentos sean entendidos en “otros territorios”, pese a que a lo largo de toda la vista ha empleado el catalán en sus interrogatorios.
Las primeras palabras del informe las ha dedicado a subrayar algo que, para Sánchez Ulled, es de la máxima importancia “técnica y personal”: que el juicio del 9N no versa sobre “el hecho de haber convocado lo que sea que se convocara el 14 de octubre” ni que los voluntarios decidieran dedicar su tiempo a organizar las votaciones, ni que “muchas personas, con sus respetables convicciones”, acudieran a las urnas.
“Hay que decirlo, por mucho que se repita, porque ésta es la verdad y la realidad procesal”, ha recalcado el fiscal, antes de proclamar que en el juicio del 9N no se enjuicia “la voluntad popular, ni una votación popular”, ni se persigue “la democracia”.
Lo que se investiga en este proceso, ha añadido Emilio Sánchez Ulled, es “si hubo un desacatado, una desobediencia de un mandato constitucional” mediante una votación que supuso “una ruptura de las reglas de juego democrático que todos nos hemos dado y de la convivencia”, a su entender “grave”.
“Vivimos en un sistema que garantiza cualquier opción política y democrática dentro de unos mínimos, de uno y otro signo”, ha destacado el fiscal Anticorrupción, que fue expresamente designado por la Fiscalía General del Estado para reforzar al ministerio público en el caso del 9N y acabó asumiendo el grueso del proceso.
Emilio Sánchez Ulled ha recordado que fue “testigo privilegiado” del 9N, ya que era él el fiscal de guardia en Barcelona que redactó los informes contrarios a que los jueces ordenaran retirar las urnas de la votación, en las distintas denuncias que organizaciones y particulares presentaron en los juzgados de guardia contra la consulta.
Ante la tesis de las defensas de que ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad impidieron la votación del 9N, Sánchez Ulled ha argumentado que ese día “se imponía un análisis muy provisorio” de la consulta, que hasta ese momento parecía “una actuación de voluntarios”, sin que en las 24 horas de guardia del juzgado fuera posible averiguar “si tras esa apariencia había o no una actuación pública”.
“Vimos que no concurrían elementos suficientes para adoptar unas medidas cautelares tan graves” como la retirada de las urnas que exigían algunos denunciantes, ha explicado el fiscal, que sin embargo ha apuntado: “lo que sabíamos es lo que hemos acreditado ahora”.
En ese sentido, ha opinado que en el 9N hubo “enmascarada una actuación continuada de los poderes públicos”, que es precisamente lo que había suspendido el TC y que, a su parecer, “se mantuvo en un clima de opacidad que es absolutamente contrario a lo que es el principio básico de la actuación de los poderes públicos en democracia, ni más ni menos que la transparencia”.
