La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha empezado a auditar a la Generalitat por la polémica generada por el exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes, algo que el ejecutivo catalán negó desde un primer momento.
En un encuentro con periodistas, el secretario del Govern, Lluís Salvadó, ha explicado que el lunes de la semana pasada tres personas de este ente empezaron a elaborar una auditoría para comprobar si el Govern ha obtenido o no datos fiscales de forma ilegal.
Salvadó ha asegurado que este organismo tiene un mes de plazo para hacer esta labor de inspección, que afectará a organismos como la Agencia Tributaria de Cataluña o al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Las bases de datos de la Generalitat están almacenadas en centros ubicados en Bellaterra y en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
A raíz de la polémica creada por las declaraciones de Vidal, el Govern solicitó esta auditoría para que no hubiera sospechas acerca de la legalidad de sus actuaciones, y Salvadó ha reiterado hoy que está abierto también a cualquier inspección que quiera hacer la Agencia Española de Protección de Datos.
Según consta en la ley de creación de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, “el director o directora” del organismo es elegido por una mayoría de tres quintas partes del Parlament, y a propuesta del Consejo Asesor de Protección de Datos, de entre personas con experiencia en materia de protección de datos.
Salvadó ha defendido la exhaustividad y profesionalidad del trabajo que realiza este organismo y ha añadido que, por el momento, el personal enviado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos “está un poco decepcionado por lo que se está encontrando”, en el sentido de que no está hallando ningún tipo de irregularidades.
El secretario de Hacienda del Govern ha asegurado que en los últimos meses la Generalitat simplemente ha llevado a cabo un importante cribado de información duplicada o errónea de sus bases de datos, con el fin de ganar eficiencia en los impuestos que tiene atribuidos.
En esta línea, ha explicado que el Govern ha eliminado 5,33 millones de registros de contribuyentes de sus bases de datos, porque le aparecían datos de contribuyentes con errores en los apellidos, por ejemplo, o bien 8,82 millones de datos de direcciones con información errónea.
De esta forma, la Generalitat reivindica que gana en eficiencia a la hora de enviar notificaciones a los contribuyentes en los impuestos que gestiona.
Asimismo, la Generalitat ha puesto en marcha herramientas basadas en el llamado Big Data para ayudarle a ser más efectiva en el control del fraude.
Un ejemplo de ello es cruzar datos de los que ya dispone la Generalitat, como la autoliquidación de la tasa turística, con ofertas en webs de reservas de alojamientos turísticos, para comprobar si ese anunciante paga o no este tributo.
Por otra parte, Salvadó ha insistido en que la Generalitat simplemente utiliza información fiscal sobre la que tiene competencias o bien bases de datos que tiene derecho a usar en el marco de sus competencias.
Así, ha explicado que la Generalitat tiene almacenado en su sistema informático datos catastrales y cartográficos del catastro, información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o bien otros datos aportados por los notarios.
