El Gobierno ha cerrado un acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos para aprobar un Real Decreto que garantice que los afectados por cláusulas suelo puedan cobrar en efectivo la devolución de los importes en un plazo máximo de tres meses a través de un mecanismo extrajudicial.
No obstante, los consumidores que firmaron este tipo de cláusulas hipotecarias podrán acudir a la vía judicial si lo desean y con carácter general las entidades financieras no se verán eximidas de pagar las costas del juicio.
Fuentes del Ministerio de Economía señalan que el Real Decreto que concretará el mecanismo de devolución de las cláusulas suelo podría ser aprobado definitivamente este viernes.
El grupo parlamentario socialista ha garantizado que se abstendrá en la convalidación del Real Decreto ya que el Gobierno ha elaborado el texto, mientras que Ciudadanos votará a favor.
El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito y los bancos deberán realizar una oferta de devolución que contemple la previsión “expresa y desglosada” de los correspondientes intereses.
Según el texto que ha trasladado el PSOE a los medios de comunicación en el Congreso, en la oferta que haga el banco a los consumidores tiene que aparecer “de forma clara” los intereses correspondientes de demora de las cantidades que se han retrasado en el tiempo y fiscalmente no habrá recargos, ni sanciones, ni intereses de demora por reclamaciones.
En caso de que la entidad financiera ofreciera otro acuerdo al consumidor, diferente a la vía extrajudicial, como la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, el banco deberá informar por escrito y avalar con un documento la nueva oferta que, en todo caso, será equivalente al dinero que debe devolver.
El consumidor tendría un plazo de 15 días para evaluar dicha oferta de la entidad financiera, que tiene carácter subsidiario.
Las entidades financieras están obligadas a informar a los afectados de esta vía extrajudicial y a su vez se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación de las reclamaciones efectuadas que podrá proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial.
En este órgano estarán representados los consumidores, la abogacía y el Ministerio de Economía y Justicia.
El Real Decreto no exime con carácter general a las entidades de crédito del pago de costas si la reclamación termina en los tribunales.
Si el consumidor obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida anteriormente de las entidades de crédito, el juez podrá imponer a los bancos la condena en costas.
En el ámbito fiscal, las cantidades devueltas no estarán sujetas al IRPF, ya sea el abono por vía extrajudicial como judicial.
Respecto de los excesos que se pueden poner de manifiesto como consecuencia de la devolución en la deducción por adquisición de vivienda habitual y en relación con gastos que hayan tenido la consideración de deducibles, no habrá devengo de intereses de demora, recargos, ni sanción de ningún tipo.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha valorado que el nuevo mecanismo sea rápido, gratuito y transparente, mientras que la diputada socialista Margarita Robles ha señalado que se agilicen las reclamaciones que ya han presentado cerca de 1,7 millones de afectados en los juzgados.
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado en el Congreso que el consumidor puede optar por recibir la devolución de las cláusulas suelo en efectivo y ha valorado que en caso de acogerse a la vía judicial las costas las asuma el banco.
Además, ha apoyado que los afectados puedan reclamar ante cualquier sucursal de su banco sin necesidad de que exista un organismo creado a tal efecto.
El diputado de PDeCAT Jordi Xuclá ha incidido en que el acuerdo es bueno pero insuficiente y ha hecho hincapié en que los titulares de las hipotecas no tendrán que tributar por las cantidades recibidas.
El mecanismo extrajudicial permitirá recuperar el dinero pagado de más, al no haberse beneficiado el firmante de la hipoteca íntegramente de las rebajas del Euríbor.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado desde el Foro Económico de Davos que lo primero que hay que definir será la cantidad que se ha cobrado de forma indebida, siempre y cuando la cláusula se aplicara de forma incorrecta y ha recordado que el Gobierno “no puede meterse en medio de una negociación entre particulares”.
