El Gobierno y el PSOE han firmado hoy un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares “extremadamente vulnerables”, a la vez que han cerrado un nuevo modelo de financiación para el bono social.
Tras semanas de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha presentado hoy junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo para cerrar la financiación del bono social, así como medidas para avanzar en la protección de hogares “extremadamente vulnerables”.
Todo un desarrollo normativo que se prolongará durante unos tres meses.
En el primer punto, se espera aprobar este viernes o el próximo un Real Decreto Ley que recoja el reparto del coste del bono social -unos 200 millones al año- tras la sentencia del Supremo, que tumbó el modelo anterior.
El nuevo modelo repartirá el coste -un descuento del 25 % en la factura de determinados colectivos- entre todas las comercializadoras eléctricas, lo que supone ampliar el número de empresas que deberán pagarlo, aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por su sus cuotas de mercado.
Junto a esta reforma del modo de pagar el bono social, el Gobierno y el PSOE han pactado otra serie de cambios que se irán desarrollando en los próximos meses en el marco de esa reforma de la ley del sector eléctrico.
Para empezar, que tener ese bono social esté ligado a criterios de renta y que, con sus fondos aportados por las eléctricas, también se pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores “extremadamente vulnerables” y que ahora corren a cargo de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Junto a esto se deberán definir bien los consumidores vulnerables, y también esos “extremadamente vulnerables”, y desarrollar los reglamentos para prohibir los cortes de luz con la introducción de ese principio en el artículo 42.J de la ley del sector eléctrico.
Nadal ha recordado hoy que hay 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de “extremadamente vulnerable”, atendido por los servicios sociales.
No hay cifras cerradas -sin conocer los criterios exactos con los que se definirán estos consumidores- sobre el número de personas al que podría proteger esta medida, así como su coste total.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que se trata de una reforma estructural importante y de “un buen acuerdo para las familias más vulnerables, ya que ataca la pobreza energética”.
Frente a esto, los dirigentes de Podemos y de Ciudadanos han criticado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, y han lamentado que presentaron medidas ante la nueva financiación del bono social eléctrico y que el Gobierno sólo ha pactado con el PSOE.
Desde el sector eléctrico insisten en su disposición a colaborar en la lucha contra la pobreza energética, pero subrayan que las políticas sociales no pueden recaer sobre las empresas y que habrá que esperar a ver cómo se define quiénes son esos consumidores “extremadamente vulnerables”.
Cerca de 30 organizaciones han convocado para hoy un “apagón” y manifestaciones en ciudades de toda España contra las “tarifas abusivas” de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos.
