Uno de los “puntos negros” de falsificación más grandes de Europa ha sido desmantelado en La Jonquera (Girona), han asegurado hoy los responsables del operativo policial realizado el 29 de noviembre por el Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Tributaria, la Policía Portuguesa y Europol.
En la presentación de los resultados de la operación policial que se ha hecho hoy en La Jonquera, los responsables de los diferentes cuerpos han calificado de “cifras alarmantes” las que movía esta red criminal, con más de 9 millones de euros blanqueados en tres años y un volumen de negocio superior a los 5 millones de euros.
La operación, en la que participaron unos 400 agentes, se saldó con 71 detenidos, entre ellos tres presuntos cabecillas que ya están en prisión; 41 registros y 264.980 productos incautados valorados en ocho millones de euros.
La Inspectora Jefe de la Unidad de delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, Mónica Do Vico, ha explicado que La Jonquera había sido para ellos un “objetivo durante años”, pero que habían llegado a la conclusión que la estrategia que utilizaban, realizar una inspección e incautación de material tras una denuncia, era “ineficaz”.
Finalmente, apostaron por “un planteamiento muchísimo más ambicioso para atacar a toda la estructura de la organización criminal”.
Esto les ha llevó a descubrir algo nuevo, una estructura jerárquica de la organización “totalmente atípica” en la que “no existe un líder claro”, sino que se trata de una estructura horizontal dividida en tres grupos perfectamente coordinados entre ellos.
Estos tres grupos eran el llamado de los Judíos (originarios de Israel), el de los marroquíes, y otro grupo “que responde al nombre de uno de los detenidos”.
Los tres, establecidos en la zona, comparten el mecanismo de almacenes, de blanqueo de capitales y de provisión de fondos y de productos.
El modo de operar utilizado, ha explicado Do Vico, consiste en “importar el producto blanco, -de China, Turquía o Portugal- y estampar la marca aquí”.
Por ello, han detectado un repunte de lo que califican “Made in Spain o Made in Europe”, porque este tipo de redes criminales han descubierto que si controlan todo el proceso de producción ganan más dinero”, ha mantenido.
La policía pretende, con este desmantelamiento, advertir a este tipo de delincuentes de que, “aunque consigan introducir mercancía en España de manera ilícita por la aduana”, las fuerzas de seguridad pueden “actuar en el punto de venta final”, por lo que “no crean que están seguros”.
Los 34 comercios precintados por los agentes siguen cerrados; “el cierre ha sido decretado por la autoridad judicial”, ha destacado la inspectora, que ha apuntado que también es algo novedoso.
Igual que es novedoso, y difícil, que se haya conseguido que estén encarcelados tres de los cabecillas, ya que “es muy difícil que un juez decrete prisión por delitos contra la propiedad industrial”.
Do Vico considera que finalmente se puede decir que se ha logrado desmantelar “este punto negro”, un objetivo, según ella, que compartían con la alcaldesa de La Jonquera, Sònia Martínez, que se ha mostrado muy satisfecha con los resultados del operativo y esperanzada en que las tiendas cerradas no vuelvan a abrir como mínimo hasta que finalice la instrucción del caso.
Aunque en número de productos ha habido alguna operación con más incautaciones, en el cómputo global “es la mayor que se ha hecho a nivel de España”.
En esta línea, el jefe de la Unidad de delitos contra la propiedad industrial e Intelectual de Europol, Chris Vansteenkiste, ha confirmado que La Jonquera era “uno de los principales puntos negros de distribución de artículos falsificados a nivel de Europa”.
Ha destacado también que muchas veces “los beneficios del comercio de falsificaciones son más altos que los del tráfico de drogas”.
Los 265.000 artículos, entre ropa, calzado, gafas y bolsos de las marcas más de moda serán destruidos porque no se ha encontrado cómo eliminar las marcas para donarlas.
En este sentido, Do Vico ha explicado que se había intentado mandar a países del tercer mundo y habían constatado su vuelta a España a través del tráfico ilícito.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha destacado que “las falsificaciones y la piratería generan en España una perdida anual de más de 8.800 millones de euros y la destrucción de 98.500 puestos de trabajo, por lo que esta operación ha dado un golpe aquellos que trabajan contra la economía española”.
