El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado trece residencias de estudiantes que también operan ilegalmente como alojamientos turísticos, por lo que las sancionará en base a la Ley de Turismo de Catalunya, que contempla sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros por esta infracción, anunció ayer la teniente de alcalde Janet Sanz en declaraciones a los medios. El importe de las sanciones se determinará en función de los beneficios que hayan obtenido estas residencias por operar como alojamientos turísticos, ubicadas cuatro de ellas en el distrito de Ciutat Vella; otras cuatro, en Gràcia; dos, en Sarrià-Sant Gervasi, y una en el Eixample, otra en Les Corts y otra en Horta-Guinardó.
PRÓXIMA NOTIFICACIÓN
Estas sanciones, que se notificarán en los próximos días, se suman a las incoadas por dos expedientes de restitución de la legalidad que dictó el Ayuntamiento en julio contra otras dos residencias de estudiantes que operaban ilegalmente como alojamientos turísticos, en los distritos de Sant Martí y Sants-Montjuïc. Sanz destacó que el objetivo del Gobierno de Ada Colau no es sancionar -tampoco a pisos ni a plataformas-, sino que todos los actores se adecuen a la normativa para garantizar que “no haya alojamientos turísticos encubiertos” al margen de la ley. Lo que genera esta oferta ilegal desmedida y descontrolada en la ciudad son problemas que impactan en el día a día de los ciudadanos”, advirtió, y defendió que el respecto y el cumplimiento de la normativa debe ser igual para todos, independientemente de la actividad y el titular de la acción.
