Los grupos de Junts Pel Sí y de la CUP han presentado hoy una proposición de ley que regula la creación del llamado impuesto de activos improductivos, que grava bienes de lujo y que tendrá un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 euros, sin incluir inmuebles, y cuyo tipo máximo será del 1 %.
En un comunicado, ambas formaciones han informado de que hoy han registrado esta proposición de ley por la cual se gravarán bienes inmuebles, embarcaciones, coches de lujo y aeronaves que están a nombre de personas jurídicas pero que no se usan para actividades económicas, sino con fines particulares.
Esta era una de las medidas fiscales acordadas entre el Govern, Junts pel Sí y la CUP en el marco de la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2017, aunque ambas partes acordaron tramitar este nuevo impuesto mediante una ley específica.
La proposición de ley se ha presentado hoy, justo un día antes de que el Govern apruebe los presupuestos de la Generalitat para 2017, puesto que ambas normativas se tramitarán en paralelo.
Aunque el Govern sostiene en que no se trata en ningún caso de un impuesto a las grandes fortunas, porque Cataluña no tiene competencias para ello, en la práctica este impuesto puede afectar a personas con rentas muy altas que incluyen activos de este tipo a nombre de sociedades, aunque sean de uso particular, para evitar pagar el Impuesto de Patrimonio.
Según han informado estas formaciones en sendos comunicados, el impuesto gravará la tenencia de cuatro tipos de activos: inmuebles, vehículos de motor “igual o superior a 200 CV”, embarcaciones de ocio “de ocho metros de eslora o más”, y aeronaves.
“En todos los casos se trata de bienes que no realizan ninguna actividad económica o servicio público, que se destinan a actividades o usos privados, o que se alquilar a los propietarios o socios de la entidad vinculadas a los activos”, aseguran ambos grupos.
Junts pel Sí y la CUP se proponen que el impuesto esté en vigor ya en 2017 -se meritaría el 30 de junio de cada año- y han dejado fuera del impuesto a las administraciones públicas, las representaciones diplomáticas o las oficinas consulares en Cataluña y también los bienes de fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro.
La nota subraya que el impuesto tendrá un tipo impositivo progresivo “con un máximo del 1 %”, pero no precisa qué capacidad recaudatoria puede tener.
El impuesto “nace de la voluntad explícita de aumentar la progresividad del sistema fiscal catalán y su equidad, centrando la mirada en la redistribución necesaria para luchar contra la evidente desigualdad que se ensancha día a día entre los más ricos y los más pobres de nuestro país”, argumentan ambos grupos, que añaden que hay impuestos similares en Noruega u Holanda.
