El Pleno del Congreso ha alcanzado hoy el primer “gran acuerdo” de la legislatura al aprobar por unanimidad una iniciativa del PP y del PSOE para promover un pacto de Estado contra la violencia de género y conseguir que ninguna mujer muera a manos de su maltratador.
Todos los grupos parlamentarios de la Cámara se han sumado al texto consensuado entre el PP y del PSOE que plantea la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad para articular dicho pacto, con una “dotación presupuestaria suficiente”, y modificar la legislación vigente para abarcar las diferentes formas de violencia contra la mujer.
El texto también incorpora las propuestas de otros grupos de la oposición que, en general, han mostrado su “apoyo crítico” y han coincidido en lamentar los recortes presupuestarios en esta materia en los últimos años.
Durante el debate, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha tomado la palabra para subrayar que “hoy es el inicio para llegar a un gran pacto de Estado” contra la violencia de género.
“Hoy es un día de esperanza para las miles de mujeres que nos están mirando y observando y que están sufriendo desde el silencio”, ha señalado la titular de Sanidad.
Montserrat ha expresado su deseo de transmitir a la sociedad el claro mensaje de que “desde el diálogo somos capaces de ponernos de acuerdo para luchar ante la lacra de la violencia de género”.
La portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha dicho que es una equivocación creer que el texto es un pacto de Estado ya que, ha aclarado, es “la base para empezar a negociar y recuperar el espíritu de consenso” y “la puerta” al citado acuerdo.
“Nosotros presentamos en la proposición lo que creemos que es de urgencia, que no representa todas la aspiraciones que tenemos en esta materia, son solo la base para negociar”, ha resaltado la diputada socialista.
La parlamentaria del PP Marta González ha destacado la importancia de formar “un frente único y unido” para “lanzar un mensaje sólido contra la violencia de género”, al tiempo que ha expresado su deseo de “borrar las diferencias” existentes entre los distintos grupos en esta materia.
Desde Unidos Podemos, Ángela Rodríguez ha trasladado “un respaldo crítico” a la iniciativa y ha asegurado que su grupo no va a apoyar de forma contundente nada que no implique “compromisos reales” en los Presupuestos Generales del Estado.
En nombre de Ciudadanos, Patricia Reyes ha abogado por trabajar “juntos” por las mujeres que sufren la violencia de género para paliar los “fallos” que se están produciendo en el sistema de protección de las víctimas.
Tanto ERC como el PNV y el Grupo Mixto han reivindicado que la lucha contra la violencia de género tenga un carácter prioritario y han reclamado que en los Presupuestos se vea el compromiso institucional.
Además de crear la subcomisión, la iniciativa prevé ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley integral contra la violencia de género y el resto del ordenamiento jurídico para abarcar todas las formas de violencia contra la mujer.
El Pleno también insta al Gobierno a dotar “suficientemente” las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y sus hijos, así como a reforzar el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer.
Poner en marcha en los juzgados especializados en violencia el acompañamiento judicial personalizado con el fin de que las víctimas puedan acceder a la información sobre el procedimiento más seguro desde que ponen la denuncia contra su agresor es otra de las medidas incluidas en el acuerdo.
Asimismo, los grupos reclaman que se active de forma permanente el plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia machista y que se adopte el compromiso político de no conceder ningún indulto en cualquier delito vinculado a esta lacra.
El texto incluye el impulso para modificar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa judicial de la obligación de declarar contra su cónyuge y suprimir el atenuante de la confesión para este tipo de delitos.
