El Partit Demòcrata Europeu Català y ERC proponen que la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuya creación se debate en el Parlament desde hace casi tres años, sea de menos de 500 euros para las personas que la reciban, lo que ha provocado el rechazo de toda la oposición.
De hecho, la propuesta de JxS supone que las personas que podrían tener esta renta recibirían una cantidad de dinero inferior a la que se otorga actualmente según el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña, de 664 euros al mes por doce pagas, una cantidad que está congelada desde el año 2010.
Así lo han asegurado hoy Diosdado Toledano, uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Parlamentaria sobre la renta garantizada de ciudadanía, en rueda de prensa ante el Parlament, donde ha anunciado una huelga de hambre en la plaza Sant Jaume, de Barcelona, y dos manifestaciones en las próximas semanas para reclamar la aprobación de la ley de creación de la renta y su inclusión en los presupuestos de 2017.
A esta rueda de prensa han asistido también representantes de la CUP, PSC y Catalunya sí que es Pot, además de miembros de más de 50 entidades catalanas -entre las que figura ERC-, que han dado su apoyo a la creación de la renta garantizada de ciudadanía.
Toledano ha considerado que la propuesta de JxS es “miseria” y que “hay dinero” para poder afrontar la puesta en marcha de la renta garantizada de ciudadanía, reordenando diversas partidas, como lo que se abona a entidades privadas por atender a niños tutelados por la administración y que puede ascender a unos 4.000 euros al mes por menor.
La coalición de gobierno propugna abonar a la primera persona de una unidad familiar en situación de pobreza el 75 % del actual Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña, lo que supone menos de 500 euros, y un 5 % para el resto de miembros de la familia, en doce pagas.
El resto de la oposición, incluidos PP y Ciutadans, han acordado que la cuantía básica sea el 100 % del actual indicador, lo que supone 664 euros al mes por doce pagas y un 70 % de esa cantidad para otros familiares que tengan derecho a esta prestación, además de 100 euros por menor a cargo.
Toledano ha explicado que se ha acordado dar al Govern un plazo transitorio de cuatro meses para que la administración pueda prepararse para la puesta en marcha de esta nueva renta y que se pudiera comenzar a abonar la RGC el 1 de mayo del próximo año 2017, con el 90 % de las citadas cuantías económicas, que pasarían al 100% en 2018.
“Exigimos que haya una partida en los presupuestos de la Generalitat de 2017 para la Renta Garantizada de Ciudadanía”, ha dicho Toledano, que ha alertado al ejecutivo de que, mientras no se apruebe la ley de la misma y su puesta en marcha, se mantendrá la presión en la calle.
Dos manifestaciones los días 12 y 19 de noviembre reivindicarán la puesta en marcha de la nueva prestación, y una huelga de hambre que se iniciará tres días antes de que empiece el debate de presupuestos en el Parlament de Cataluña son las acciones reivindicativas que ya se han anunciado.
Diosdado Toledano ha recordado que la RGC está recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en 2006 y ratificado en referéndum por el pueblo catalán, en su artículo 24.3, que establece que “las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.
