El macrojuicio de Gürtel que comenzó el pasado martes en la Audiencia Nacional vivirá esta semana algunas de sus jornadas clave con la comparecencia de los primeros acusados, a la espera de que mañana el tribunal decida si declaran en primer lugar los que parecen los “arrepentidos” de la trama.
El juicio arrancó el martes y miércoles con las cuestiones previas, en las que la mayor parte de los acusados pidió la anulación del proceso basándose en la ilegalidad de las grabaciones del delator de la trama a su líder, Francisco Correa, y de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en 2009 entre detenidos en prisión y sus abogados, que le valieron su inhabilitación.
Los abogados expusieron estas peticiones después de la fiscal, quien por su parte reclamó un cambio en el orden de la declaración de los acusados, poniendo en primer lugar a tres, lo que hizo sospechar a las defensas de que pueden haber pactado con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de una rebaja de pena.
Se trata del único que, hasta ahora, ha reconocido los delitos, Alfonso García Pozuelo -expropietario de Constructora Hispánica-, y de otros dos procesados: el exedil de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández -se enfrenta a 2 años y 3 meses de prisión- y Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag a quien piden 2 años de cárcel.
Los tres podrían quedar exonerados de ir a la cárcel si pactan con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos, que en el caso de García Pozuelo pasa por confirmar ante el tribunal haber pagado comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones en el municipio de Pozuelo.
A Fernández, por su parte, se le acusa de haber ayudado al exalcalde del municipio y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, a adjudicar contratos irregulares a empresas de Gürtel, mientras que Gordon participó supuestamente con el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en una operación urbanística irregular en el municipio.
Sin embargo, el posible pacto que ha levantado más expectación es el de Francisco Correa, sobre el que recae la petición de pena más elevada (125 años) y que está buscando un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que no se habría producido.
Su nuevo abogado ha dado varios signos de colaboración con la Fiscalía, como el pago de los 2,2 millones que se le reclaman en concepto de fianza civil y el hecho de que no planteara ninguna cuestión previa, cosa que también hicieron Fernández y Gordon.
Fuentes próximas a la defensa han informado a Efe de que su letrado ha planteado a las fiscales del caso reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena, tanto en esta pieza del caso como en el resto, pero sus condiciones no han sido en principio aceptadas y posiblemente ese acuerdo no se producirá.
Su declaración está fijada en primer lugar, aunque podría ser finalmente el cuarto si el tribunal acepta adelantar la de los otros tres acusados posiblemente “arrepentidos”.
En cualquier caso, las comparecencias de los encausados no se producirán seguramente hasta el martes, ya que mañana las acusaciones aún tienen que exponer sus alegatos a las cuestiones previas planteadas la semana pasada por las defensas.
Previsiblemente, mañana el tribunal decidirá sobre esas cuestiones previas, las más significativas las referentes a la nulidad del proceso, pero también al permiso a los acusados para ausentarse de las sesiones de un juicio que se espera muy largo, la petición de que declaren en último lugar o de declarar prescritos algunos delitos.
En el primer macrojuicio de Gürtel se juzga a 37 personas por la llamada “primera época” de la trama, es decir, su actividad entre los años 1999 y 2005.
En el banquillo se sienta por primera vez el extesorero del PP Luis Bárcenas, y políticos como los exalcaldes Sepúlveda y Ortega, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y el exdiputado del PP Jesús Merino.
