Catalunya debería duplicar la inversión pública en Educación y tener un presupuesto total de unos 10.800 millones de euros -5.000 actuales- para que el sistema haga un salto cualitativo, más integrador y equitativo y de respuesta a los retos del siglo XXI, según el Anuario 2015 de la Fundación Bofill.
El director de la Fundación Jaume Bofill, Ismael Palacín, y el director del informe “Retos de la educación en Catalunya. Anuario 2015”, Josep Maria Vilalta, han presentado hoy este trabajo en rueda de prensa en Barcelona, junto con varios autores de los doce retos-capítulos que lo componen.
Concretamente, en el capítulo sobre lo que ha supuesto el impacto de la crisis y las políticas de austeridad en el sistema educativo, su autor, el profesor de Sociología de la Educación de la UB Xavier Martínez-Celorrio, indica que la inversión pública en Educación en Catalunya es la más baja de Europa y de todo el mundo desarrollado, con un 2,8 % del PIB el año 2013.
Este hecho y los recortes que se han realizado en la Educación (-16,7 % entre los años 2009-2013, según el Anuario) llevan a Martínez-Celorrio a proponer la citada duplicación de la inversión pública, recuperar otros 273 millones de euros correspondientes a todos los programas de igualdad de oportunidades, ensayar un nuevo sistema propio de becas y recuperar los casi 25 millones desinvertidos en la formación permanente del profesorado.
“Estamos al nivel de Perú (2,76 % del PIB), Laos (2,77 %) o Gautemala (2,8 %)”, ha asegurado el profesor universitario, que ha añadido que este sistema, a su juicio, “infradotado, no se ha hundido en los resultados académicos por la entrega de los docentes”.
El Anuario 2015 aborda otros retos del sistema educativo catalán, como la necesidad de avanzar hacia la personalización del aprendizaje escolar, que requiere un plan de formación del profesorado en modelos de aprendizaje, la implicación de los actores socioeducativos del entorno de las escuelas (planes de ciudad y becas para acceder a las actividades extraescolares, por ejemplo), así como un modelo curricular simplificado.
También propugna elaborar un plan de choque contra la segregación y pasar del aula de acogida a la escuela que acoge, para evitar que aumenten los indicadores “alarmantes” que alertan de mayor fracaso escolar entre los alumnos de origen inmigrante, ya que siete de cada diez finalizan la ESO cuando son nueve de cada diez los alumnos autóctonos que superan con éxito la escolarización obligatoria.
El apartado de escuela inclusiva ha sido elaborado por el recientemente fallecido Josep Maria Jarque, director del Centro de Pedagogía Terapéutica de Terrassa y experto de la OCDE, que apuesta por que se cumpla el Plan individualizado personalizado que se recoge en la Ley de Educación de Catalunya, para que la escuela inclusiva responda a las necesidades educativas de todos sus alumnos de acuerdo con sus capacidades.
El abandono escolar prematuro, con tasas cercanas al 20 % de los jóvenes que no continúan estudiando más allá de la ESO, están determinadas por la situación del mercado laboral y, concretamente, por la creación de empleo que no exige una titulación superior a la obligatoria, según el autor de este reto-capítulo, el doctor en Economía Miquel Puig.
El director del Anuario 2015 considera que los doce retos de la Educación en Cataluña recogidos en esta obra precisan actuar ya en nueve ámbitos estratégicos de política educativa, entre los cuales cita que la Educación sea el centro del discurso del gobierno catalán, que se desburocratice el sistema, dando más autonomía a los centros educativos, que se transforme la ESO y se apueste por una educación superior como motor de desarrollo social, económico y cultural.
