Cristina Romero, una madre de Gerona, se ha propuesto acabar con el desperdicio de alimentos en los comedores escolares, así que entregará 225.000 firmas en el Congreso en octubre para que la comida sobrante en los colegios sea entregada a centros sociales y personas necesitadas.
La campaña “No al despilfarro de alimentos en comedores escolares. La comida no es basura”, desarrollada en la plataforma de peticiones ciudadanas Change.org, se dirige a los Ministerios de Sanidad y de Agricultura y a las autoridades de Consumo.
Según explica Romero a Efe, empezó a tomar conciencia del problema en el colegio de su hijo, de ocho años, donde observó que sobraba comida porque los menús de la empresa proveedora eran de la misma cantidad para niños de tres años que de seis o doce, así que preguntó qué se hacía con el resto.
La respuesta fue que lo sobrante debía desecharse por razones higiénicas, para evitar intoxicaciones, en virtud de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dice Romero.
No satisfecha, contactó con la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, donde le dijeron que sí que hay colegios que ya aplican la reutilización de alimentos.
Por sus averiguaciones, “la clave es la congelación”, pues los comedores escolares con cocina propia pueden aprovechar la comida que sobra en las ollas, no la de los platos ni la que está en la línea fría.
Se trata de congelarla durante 48 horas y distribuirla posteriormente sin ningún tipo de problema.
Pero por qué no se hace. “Primero, por la falta de voluntad y segundo para eximirse de responsabilidades”, sintetiza Romero, por el “miedo” que tienen los colegios a que haya una intoxicación.
Por eso, se trataría de que el centro social que recoge la comida firmara una hoja de conformidad sobre las condiciones de entrega y temperatura adecuada, como lo haría la familia a la que se destine finalmente.
Todo esto lo ve más complicado en el caso de las empresas de “catering”, pues necesitarían adquirir los recipientes de congelación y más personal, lo que podría encarecer el precio final de los menús y esto, a su vez, perjudicaría a los usuarios del comedor escolar.
Agrega que el colegio de su hijo, en un pueblo de Gerona, realizó una evaluación interna, se consiguió ajustar las raciones y ya prácticamente no sobra nada, algo que se puede hacer no sólo en Cataluña, sino en toda España, según defiende.
En relación con la ley citada, reconoce que no se pueden cambiar las condiciones de seguridad alimentaria porque son un beneficio para todos, pero plantea que se estipule “un plan de trazabilidad” para aprovechar esos excedentes siguiendo unas indicaciones en el caso de la comida que se prepara en los pucheros.
En resumidas cuentas, se trata de una campaña de concienciación social para generalizar el aprovechamiento de excedentes de comida de manera regulada por medio de la congelación, entregándolos a centros sociales.
También para que las raciones de los menús de “cáterin” sean adecuadas a las características físicas y las necesidades de desarrollo de los alumnos según la edad, aunque esto, apunta Romero, depende más de las propias empresas. También podría suponer un ahorro de costes que repercutiría en las familias de los alumnos.
Por último, Romero recuerda que el PSC propuso una ley en el Parlamento catalán para no tirar los alimentos sobrantes en buen estado también de restaurantes, supermercados y comedores, a lo que no se ha opuesto ningún grupo.
