La revalorización de las pensiones y los sueldos de los funcionarios en 2017, la modificación de los contratos de interinos y la ampliación de las ayudas a los desempleados de larga duración son algunos de los debates económicos del primer pleno de la XII Legislatura, que se celebrará el martes.
El pleno del Congreso de esta legislatura comenzará, no obstante, con la incomparecencia del ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que fue convocado por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Ciudadanos, para que explicara la designación y posterior renuncia del exministro José Manuel Soria para el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial.
De Guindos compareció el 13 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso y, ante una oposición que pidió su dimisión, afirmó que Soria era el candidato más idóneo de los diez que se presentaron al puesto.
El martes, previsiblemente, toda la oposición volverá a reiterar sus peticiones de dimisión, aunque en esta ocasión frente a un escaño vacío, ya que el Gobierno remitió un escrito a la Cámara argumentando que el Ejecutivo en funciones no puede someterse al control parlamentario y que De Guindos ya ha dado explicaciones.
Entre los asuntos económicos destacará el empleo y previsiblemente la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que pide no discriminar entre las indemnizaciones de contratos fijos y temporales.
El grupo parlamentario del PP estudia presentar una enmienda a su proposición no de Ley sobre empleo con el objetivo de impulsar un análisis jurídico profundo para modificar la contratación de los interinos y que pueda incluir indemnizaciones.
El PP quiere debatir cuanto antes sobre este asunto para ver el alcance que tiene sobre el ordenamiento jurídico español la reciente sentencia europea referida al caso de una trabajadora interina.
No obstante, esta enmienda se incluiría dentro de la proposición no de Ley que insta al Ejecutivo a mejorar la eficacia de las políticas activas y pasivas de empleo.
Entre otros puntos, solicita ampliar el Programa de Activación para el Empleo (PAE) para aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración, así como mejorar los mecanismos de acceso al Programa de Garantía Juvenil en cuanto a las inscripciones y los incentivos a las CCAA para que apliquen el plan.
También insta al Ejecutivo a aprobar urgentemente el desarrollo de la Ley que regula el sistema de formación profesional, agilizando la implantación de los cheques de formación y crear un Instituto Estatal para el Talento en el Empleo que evalúe las políticas activas de empleo implementadas por todas las administraciones públicas.
Otro de los asuntos económicos que debatirá la Cámara Baja será la petición de Ciudadanos para que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10 % establecido en aquella regularización extraordinaria, puesto que el 30 de noviembre prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.
El grupo parlamentario socialista llevará a este primer pleno una proposición no de Ley, para la que esperan un apoyo mayoritario, que insta al Gobierno a presentar un Decreto Ley que revalorice las pensiones y los sueldos de los funcionarios en 2017, una vez conocido que se prorrogarán las cuentas de 2016.
El PSOE recuerda que en cuatro ocasiones se han prorrogado los presupuestos y que siempre se han aprobado decretos sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
Argumenta que tanto el incremento de las pensiones públicas como la subida de los sueldos de los empleados públicos son medidas de incuestionable interés general, ya que en caso contrario quedarían congelados.
Desde el grupo parlamentario popular, su portavoz de empleo, José Ignacio Echániz, asegura que el PP siempre estará en la tesis de mejorar la situación y la capacidad adquisitiva de los pensionistas, y traslada al debate en el pleno la posición de su partido frente a esta iniciativa socialista.
En el pleno del martes también quedará constituida la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo.
