La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación que se seguía contra el escritor Ildefonso Falcones por defraudar presuntamente a Hacienda 1,4 millones de euros en el pago del IRPF por los beneficios de sus obras, entre ellas la superventas “La Catedral del Mar”.
En un auto, la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía y la Agencia Tributaria contra la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona de archivar la causa por fraude fiscal que se abrió contra el escritor.
La causa derivó de una querella en la que el ministerio público acusaba a Falcones y a su esposa de tres delitos contra la Hacienda Pública por defraudar supuestamente 1,4 millones de euros en el pago del IPRF entre los años 2009 y 2011, al transmitir a sociedades radicadas fuera de España los derechos de autor de sus obras.
La juez descartó que el escritor hubiera defraudado a Hacienda, argumentando que había transmitido sus derechos de autor antes de sus éxitos editoriales, pero la Fiscalía recurrió el auto porque, a su parecer, los documentos hallados en la causa confirman que utilizó “sociedades pantalla” en diferentes estados, algunos paraísos fiscales, para ocultar que era el titular de sus obras.
La Audiencia de Barcelona ha dado ahora la razón a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, que ejerce la acusación particular en la causa, y ordena a la juez instructora seguir con la tramitación del procedimiento penal y acordar las diligencias de investigación que las partes soliciten para aclarar si el escritor defraudó a Hacienda.
En opinión del tribunal, de la instrucción del caso se desprenden suficientes indicios como para que valga la pena proseguir con las averiguaciones para “la aclaración de las presuntas irregularidades”, en contra de “lo que expone insuficientemente” la juez instructora en su auto de archivo.
Entre los indicios que la sala enumera para ordenar reabrir la investigación figura la utilización por parte de Falcones de “varias sociedades interpuestas por el propio investigado sobre las que tenía poder de dirección e incluso de posible imposición”, así como la “final repatriación de fondos” mediante la compra por parte de una sociedad ajena al escritor de una vivienda en la zona de Tres Torres de Barcelona por 1,9 millones.
El auto, que hoy avanza el periódico El País, concluye que “no puede por menos de apreciarse la existencia de indicios racionales de criminalidad en el actuar de los investigados”.
