El Tribunal Constitucional (TC) va a estudiar, en el pleno que comienza hoy, la reforma legislativa que le otorgaba capacidad sancionadora cautelar sobre quienes le desobedezcan, como podría ser el caso de la presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, y se inclina por rebajar esta potestad.
En el mismo pleno que comienza hoy el alto tribunal va a debatir también una posible resolución sobre el conflicto que presentó el Congreso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control del Parlamento.
Por lo que respecta a la capacidad sancionadora que le otorgó la reforma de su Ley Orgánica, el alto tribunal quiere resolver los recursos sobre ella antes de decidir si la aplica sobre Forcadell, como le pide el Gobierno central.
La reforma de la ley fue aprobada por la mayoría popular en septiembre de 2015, al hilo del impulso soberanista catalán, y recurrida luego ante el TC por los gobiernos vasco y catalán. A esos recursos, posiblemente en concreto al vasco, es a los que responderá pronto el TC.
La reforma preveía que el TC pudiera suspender temporalmente o imponer multas a los altos cargos que desobedecieran sus sentencias, como parece ser el caso de la presidenta del Parlament y otros políticos catalanes.
Fuentes no oficiales del TC han informado a Efe de que la gran mayoría, si no la unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, se inclina por rebajar esta capacidad sancionadora y rechazar por inconstitucional parte de la reforma, aunque no toda. Esta resolución comenzará a ser estudiada hoy, aunque se espera para próximos días.
Las fuentes señalan que la resolución rechazará parcialmente en los próximos días los aspectos más duros de la reforma legal que aprobó el PP para salir al paso de la desobediencia del Parlament y del Gobierno catalanes y revisará a la baja las capacidades sancionadoras que se le atribuyeron.
La resolución, de este modo, se adelantará a la que debe tomar sobre Forcadell. El pasado 1 de agosto el Constitucional suspendió una resolución del Parlament de Catalunya que marcaba nuevos pasos hacia la independencia y dio 20 días de plazo a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para explicar por qué no obedecía al propio TC.
Además, advirtió a Forcadell, y junto a ella al president de la Generalitat, entre otros, de que con su nueva resolución podían estar cometiendo un delito de desobediencia.
En cuanto al control del Ejecutivo por el Parlamento, en el mismo pleno de hoy está previsto que el alto tribunal comience a estudiar el conflicto de atribuciones contra el Gobierno que presentó el Congreso ante la negativa del ejecutivo a someterse al control de las cámaras por estar en funciones.
El pasado mes de junio el Constitucional admitía a trámite el conflicto que el pleno del Congreso aprobó el pasado mes de abril. La iniciativa, presentada de forma conjunta por todos los grupos salvo el PP, se produjo a raíz de que dos ministros no acudieran a sendas comparecencias en comisión a las que estaban convocados.
Los miembros del ejecutivo entendieron que no tenían la obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no les había dado su confianza. Ahora, el TC deberá decidir sobre el asunto, con una decisión que resolverá una situación institucional sobre la que no hay precedentes.
