El Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona ha aceptado la solicitud de concurso voluntario de acreedores presentada el pasado 1 de septiembre por Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que admite una deuda de 22.498.520,97 euros y unos activos de sólo 5.866.023,02 euros.
En un auto con fecha de 13 de septiembre, el juez declara que Unió se encuentra ya “en situación legal de concurso”, después del fracaso de las negociaciones que los democristianos mantuvieron hasta finales de julio con las entidades bancarias a fin de alcanzar un acuerdo que evitara este desenlace.
El juez nombra a la consultora Deloitte Abogados como administración concursal, autorizada a partir de ahora a acceder a las instalaciones de Unió, revisar sus libros y contabilidad y recabar todos aquellos documentos o informaciones que considere necesarias para gestionar las cuentas del partido.
Hasta ahora, la cúpula de Unió había reconocido una deuda de cerca de 19 millones de euros, con La Caixa como principal acreedor, pero en el auto se estima que el pasivo del partido asciende a cerca de 22,5 millones de euros.
Unió, que según detalla el auto dispone actualmente de una plantilla de 16 trabajadores -que prestan sus servicios en la sede del partido en la calle Nàpols de Barcelona, aunque hay también dos empleados en Lleida y uno en Tarragona-, deberá trasladar ahora una propuesta de convenio a sus acreedores.
Si de estas nuevas negociaciones con la banca Unió no consigue arrancar un acuerdo para la devolución de al menos una parte de la deuda en un periodo de tiempo determinado -y con una quita que la exima de tener que pagar una porción significativa del dinero que debe-, el proceso podría terminar en la liquidación del partido.
El auto recuerda a Unió su “deber de colaboración e información” a lo largo de este concurso de acreedores, lo que incluye el “deber” de sus representantes de “comparecer ante el juzgado y ante la administración cuantas veces sean requeridos”, una obligación que “se extiende a los cargos de la sociedad deudora que lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración de concurso”.
Ramon Espadaler, secretario general de Unió, se erigió en número uno del partido después de que Josep Antoni Duran Lleida, tras quedarse fuera del Congreso en las elecciones del 20 de diciembre, diera un paso atrás como presidente del comité de gobierno del partido.
El juez hace también un llamamiento a los acreedores a poner en conocimiento de la administración concursal, en el pazo de un mes, la existencia de sus créditos a Unió.
Asimismo, se comunica a Deloitte que dispone de dos meses para elaborar el informe correspondiente al proceso concursal.
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