La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que no hay indicios suficientes para iniciar una investigación penal contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por sus conversaciones con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Se trata de las conversaciones grabadas en el despacho del ministro en octubre de 2014 en la que ambos hablan de posibles investigaciones a dirigentes de partidos independentistas catalanes, como Felip Puig o Francesc Homs.
La Fiscalía del Supremo ha analizado las denuncias presentadas contra el ministro -que es aforado- por prevaricación, revelación de secretos y malversación de caudales públicas. A su juicio, del contenido de las conversaciones difundidas por el diario Público y que ese diario entregó a la Fiscalía, “no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, por prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales”.
La Fiscalía del Supremo ha remitido las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid para que estudie si De Alfonso ha podido cometer un delito de revelación de secretos y a la Fiscalía Provincial de Barcelona por si hubiese podido incurrir en malversación de caudales públicos.
De Alfonso fue apartado por el Parlament de Cataluña del cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña por un “grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones” a raíz de la publicación de esas grabaciones.
