La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez imputar a Gabriela y Javier de la Rosa, hijos del empresario Javier de la Rosa, por haber recibido, junto con Oleguer Pujol, 11,5 millones de euros de comisiones por interceder en una operación de compraventa de oficinas del Banco Santander.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide además al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que traslade a su compañero José de la Mata, que investiga en el mismo tribunal al resto de la familia Pujol, la causa que lleva contra Oleguer, el hermano pequeño, por una serie de operaciones millonarias sospechosas.
La Fiscalía le hace esta petición tras recibir informes policiales sobre las operaciones investigadas, entre ellas la venta en 2008 de 1.152 oficinas del Santander a la empresa Sun Capital por 2.177 millones de euros, y también las conclusiones del registro que se hizo en Holanda a la empresa ITPS Group, que le habría ayudado a ocultar las comisiones de esa compraventa mediante sociedades pantalla.
Según la Fiscalía, esas comisiones se “camuflaron” a través de varios contratos de asesoría entre Sun Capital y dos empresas radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: Ard Choille, vinculada a Oleguer Pujol, y Marway, relacionada con los hermanos De la Rosa.
Estas dos empresas estaban a su vez controladas por ITPS Group, sociedad de La Haya propiedad de los holandeses John Willekes MacDonald y Jacob Broers, cuya imputación también pide la Fiscalía en el escrito.
Ard Choille recibió 6,8 millones de euros de Sun Capital, mientras que Marway percibió otros 5,5 millones, dinero que luego pasó, en el primer caso, a la empresa de Islas Vírgenes Aegle Internacional, de Pujol e Iglesias, y, en el segundo, a las sociedades del mismo paraíso fiscal Barcem y Davenport Trading, de Gabriela de la Rosa y del empresario José María Villalonga (al que se ha pedido la imputación).
En el caso de Barcem, que luego pasó a ser de Javier de la Rosa hijo, sus acciones estaban custodiadas por Mossfon Trust, del despacho panameño Mossak Fonseca, y abrió en 2008 una cuenta en Guernsey (Islas del Canal) en la que depositó 2,2 millones, para luego transferir 2,1 millones a una entidad Suiza cuya titularidad no detalla el fiscal.
A pesar de que en la firma IPTS de Holanda no se encontraron documentos implicatorios, el fiscal recuerda en su escrito que en una agenda que se intervino en el registro de la casa de Oleguer Pujol aparecen unas anotaciones de enero de 2008 en las que se recogen los “honorarios” del 2,2 % que cobraba Jacob Broers por prestar sus sociedades pantalla.
Javier de la Rosa, que se negó a comparecer ante la comisión de investigación del caso Pujol en el Parlament, llegó a ser definido como “empresario modelo” por el expresidente catalán Jordi Pujol y ha ingresado en prisión en tres ocasiones por sendos casos de corrupción, entre ellos el del Grand Tibidabo.
En cuanto a la petición de que la causa contra Oleguer Pujol la lleve el juez De la Mata, el fiscal se basa en que el dinero que invirtió Oleguer Pujol en diversas operaciones inmobiliarias de su empresa Drago Capital “proviene de un lugar común a sus hermanos”, que están imputados en el otro juzgado junto con los padres.
En concreto, habría provenido de una cuenta del banco andorrano Andbank, que a su vez se nutrió de transferencias e ingresos en efectivo entre 1992 y 2000 por más de 697.000 euros.
Al menos diez de esas transferencias las recibió Oleguer Pujol de cuentas de su hermano major Jordi Pujol.
Ese dinero se destinó, según el fiscal, a la compra de productos financieros, aportaciones al fondo de Drago Real Estate e inversiones en Panamá.
La cuenta se cerró en diciembre de 2010 con una disposición de efectivo de 100.000 euros, otra de 73.000 libras y una transferencia de 800.000 dólares a una cuenta en algún banco de Andorra.
La Fiscalía también pide al juez que levante la imputación del resto de personas investigadas en la causa y respecto al socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias -yerno de Eduardo Zaplana-, considera que no incurrió en blanqueo sino en un delito fiscal, por lo que pide que su investigación se pase a los juzgados de plaza de Castilla, que serían los competentes.
