El expresidente andaluz José Antonio Griñán presentará la próxima semana un recurso de apelación contra el auto del juez Álvaro Martín que le acusa de prevaricación administrativa y malversación por el caso de los ERE, ha anunciado su abogado, José María Mohedano.
En una entrevista en Onda Cero, el abogado de Griñán ha admitido que el auto del juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla, en el que también se procesa a su antecesor, Manuel Chaves, y a otros 24 ex altos cargos, ha sido “un mazazo” y un “disgusto clarísimo” después de que el Tribunal Supremo descartara en su día el delito de malversación.
Ha señalado que este auto le “sorprende totalmente” porque “no lo esperaba nadie”, ya que ha explicado que “no está sustentado en ningún fundamento ni en ningún razonamiento diferente” al del Supremo, y los hechos “son los mismos”.
Mohedano ha asegurado que Griñán mantiene “el ánimo” de que “la justicia se restablezca” en las siguientes fases, y para ello recurrirán.
Ha subrayado que “no ha habido ningún procesamiento como se ha dicho” porque es un auto técnico, ya que los indicios “ya estaban establecidos en la condición de investigados”, y en el caso de Griñán “era exclusivamente delito de prevaricación”.
El letrado ha dicho que presentarán el recurso “con todo el interés y toda la esperanza” y ha recordado que en el auto “no se señala nada” de que Griñán “se favoreciera o favoreciera a terceros, y menos la magnitud de esa malversación, porque no existe”.
Ha argumentado que toda la investigación la hizo el Tribunal Supremo cuando Griñán y Chaves estaban aforados, y descartó “claramente” el delito de malversación de caudales, porque “no había ningún indicio para tener la más mínima sospecha” para creer que Griñán habría incurrido en él.
Ha manifestado que era un procedimiento presupuestario que aprobaba el Parlamento y que “las únicas irregularidades que se podrían haber producido” estarían en algunas adjudicaciones, algo que “no corresponde” ni a la Consejería de Hacienda ni al presidente de la Junta.
Mohedano ha hecho referencia al auto de la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo y ha dicho que “no se puede aplicar una doctrina penal a unos y otra a otros”.
Ha indicado que a Griñán se le atribuye indiciariamente “que él tendría que conocer algo que no estaba en el ámbito de su competencia, ni en la hora de la adjudicación ni en el de la fiscalización”, mientras que la doctrina del Supremo en el caso de la exalcaldesa de Jerez se dice que “firmó y adjudicó contratos” pero que “no tenía por qué conocer el alcance”.
