Cerca de 10.000 personas -8.000 según la Guardia Urbana y 60.000 según los organizadores- se han manifestado en Barcelona entre gritos de independencia y a favor de los derechos sociales, en una protesta por la suspensión por parte del Constitucional de leyes sociales catalanas a raíz de los recursos del Gobierno.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno central a las leyes de emergencia habitacional y energética y la ley de igualdad aprobadas por el Parlament, de forma que han quedado suspendidas temporalmente mientras resuelve el fondo de la cuestión.
La manifestación ha partido de la plaza de Urquinaona y ha recorrido sin incidentes la Via Laietana y el paseo de Isabell II hasta finalizar en el Pla de Palau, donde se ubica la antigua sede de la Delegación del Gobierno.
En primera línea de la manifestación se han ubicado los representantes de unas 60 entidades vecinales, culturales y sindicales de Cataluña, que portaban una pancarta con el lema “Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real”.
En segunda fila, representantes de todo el arco político catalán, excepto el PP y Ciudadanos, han sostenido una gran bandera catalana.
Entre otros, han participado en la protesta la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras; la portavoz del gobierno, Neus Munté; el conseller Josep Rull y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens.
También han acudido el líder del PSC, Miquel Iceta, acompañado de la diputada socialista Eva Granados y el concejal del PSC en el ayuntamiento barcelonés Jaume Collboni; el candidato de En Comú Podem, Xavier Domènech; el líder parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell; el candidato de ERC, Gabriel Rufián, y el líder de EUiA, Joan Mena.
A lo largo de la marcha, que ha transcurrido en un ambiente tranquilo y que ha sido fotografiada por cientos de turistas que ocupaban el centro de la ciudad este domingo, se han escuchado gritos a favor de la independencia y también de la educación pública y el derecho a la vivienda.
Unas 60 entidades de la sociedad civil catalana han convocado la protesta, entre ellas, la Confederación de las Asociaciones de Vecinos de Cataluña, cuyo presidente, Jordi Giró, ha pedido hoy, al finalizar la marcha, que el Gobierno deje de recurrir leyes catalanas que son elementales para la sociedad.
“Ya es suficiente”, ha lamentado Giró, que ha pedido a los ciudadanos que se manifiesten para preservar sus derechos.
Por su parte, el presidente de la Taula de entidades del Tercer Sector Social, Oriol Illa, ha recordado que las leyes suspendidas, la de emergencia habitacional y pobreza energética y la de igualdad, no suponen una invasión de competencias, sino que frenarlas suponen ir en contra de los derechos sociales de los ciudadanos.
Illa ha recordado que el Tribunal Constitucional no sólo ha suspendido la ley de emergencia habitacional de Cataluña sino también leyes similares aprobadas en Murcia y Canarias.
Esta ley obligaba a los tenedores de las viviendas a ofrecer un alquiler social a las personas desahuciadas por el 30 % de sus ingresos, una obligación que queda en suspenso, igual que toda la ley, lo que supone que “el TC defiende a los grandes tenedores, es una sentencia a su favor”.
El dirigente de ERC, Gabriel Rufián ha asegurado que “hoy más que nunca decimos que no pediremos permiso nunca más”, para hacer leyes sociales, mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha planteado que la manifestación “para nosotros es una reivindicación mucho más amplia. Lo que queremos es que haya gobiernos en España y Cataluña, leyes y tribunales para promover los derechos sociales”.
El diputado y líder de En Comú Podem, Xavier Doménech, ha considerado que Cataluña se ha de movilizar “para echar al PP y a su política” de recursos a las leyes aprobadas en el Parlament.
La portavoz del Govern, Neus Munté, ha considerado que su presencia y la de otros consellers “tiene todo el sentido y toda la coherencia” porque, a su juicio, “el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno del PP, ha adoptado decisiones que son muy lesivas para los ciudadanos”, con la suspensión de las leyes.
