La Plataforma Víctimas Alvia 04155 considera que la reapertura de la instrucción por el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, ordenada por la Audiencia Provincial de A Coruña, “supone una nueva oportunidad para que se sepa la verdad y se depuren todas las responsabilidades”.
En un comunicado, este colectivo valora la reapertura del caso y coincide con el auto de la Audiencia en el que se demanda al juez Lago Louro “que investigue si Adif evaluó correctamente el riesgo en la curva de Angrois”, lugar en el que ocurrió la catástrofe el 24 de julio de 2013 con un saldo de 80 víctimas mortales y centenar y medio de heridos.
“La Audiencia considera que existen indicios de que en la curva ‘se producía un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, habría impuesto su minoración o eliminación'”, señalan citando el texto del auto.
Indica además la Plataforma que el auto “señala a su vez que hay indicios de que el método aplicado por el Adif para gestionar los peligros en ese punto de la línea ‘presenta carencias’ que provocaron que no se tuviera en cuenta la posibilidad de descarrilamiento”.
“De esta manera -se añade- apunta claramente a los responsables de seguridad del ADIF, y, en concreto, al director de seguridad en la Circulación, el señor Cortabitarte, cuya responsabilidad, entre otras era, ‘La planificación de la organización y los métodos de gestión de la seguridad en la circulación'”.
También hace alusión el colectivo de afectados en su comunicado a que la Audiencia “subraya que puede haber ‘responsabilidades criminales de terceros’, una vez más señalando al director de Seguridad en la Circulación, responsable de la desconexión del sistema de seguridad de control de la velocidad ERTMS en Angrois, sistema que hubiera evitado el accidente”.
Para la Plataforma de afectados por el accidente el auto “pone de manifiesto, una vez más, las posibles responsabilidades políticas que puedan existir en esta tragedia”.
“Como ya indicó el juez anterior Luis Alaéz en un auto -se agrega-, las empresas públicas de Renfe y Adif antepusieron los intereses económicos y comerciales por encima de la seguridad de los viajeros”.
“Quizás la presión de algunos políticos movidos por otros intereses influyeron en la puesta en marcha de la vía y del tren, sin que reunieran las adecuadas condiciones de seguridad”, recoge el comunicado de la Plataforma Víctimas Alvia 04155.
