El Gobierno seguirá de cerca la seguridad de los casi 200.000 españoles que residen en Venezuela y se plantea reforzar la representación diplomática para atender sus necesidades, ante el deterioro de la situación “excepcional” en el país.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de decretar el estado de excepción, que no ha sido refrendada por la Asamblea Nacional venezolana “es un hecho excepcional que requiere de un seguimiento excepcional”.
Ha hecho además hincapié en el “deterioro tan importante” de la seguridad, especialmente en las ciudades y la capital del país, Caracas, una situación que ha llevado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a decidir el regreso del embajador español para que pueda atender las necesidades de los nacionales en Venezuela.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha presidido el Consejo de Seguridad Nacional que, además de aprobar el informe correspondiente a 2015, ha analizado la evolución de la crisis migratoria en Europa, la amenaza terrorista tras los atentados de Francia y Bélgica, y la situación en Venezuela desde la óptica de los intereses españoles en ese país.
El Ejecutivo busca “atender mejor” a la población española y los intereses de las empresas que tienen intereses en el país iberoamericano, también ante los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre la población.
