Los secretarios generales de la UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han presentado hoy en el Congreso 700.000 firmas que respaldan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una renta mínima de unos 426 euros para los ciudadanos sin recursos y en extrema pobreza.
En declaraciones a los medios de comunicación en las puertas del Congreso de los Diputados, Toxo y Álvarez han confiado en que esta iniciativa sea aprobada en la próxima legislatura y centre el debate electoral en la campaña que comienza oficialmente el 10 de junio.
“Espero que corra mejor suerte que otras como la de la reforma laboral y tenga la consideración de todos los partidos que hace nueve meses recibieron a los sindicatos para poner en marcha la iniciativa”, ha recordado Toxo.
El secretario general de CCOO ha dicho que es una prestación “por la democracia, y la solidaridad española puede y debe permitirla”, al tiempo que ha urgido a los partidos a “no dejar tirados ni en la estacada” a cerca de 6 millones de personas que están en la pobreza extrema en este país.
Por su parte, Álvarez ha subrayado que las ayudas en este país parecen “más actos caritativos que derechos” y ha afirmado que es una renta garantizada “que es de ley” para todas las familias que no llegan a final de mes.
“Queremos que sea un derecho universal y no esté ligado a una situación de crisis. No puede ser una prestación cerrada sino que debe ser una renta que baje en cascada y no sea incompatible con otras actuaciones que deban hacer los ayuntamientos o las comunidades autónomas”, ha aseverado.
El secretario general de la UGT ha pedido a los partidos políticos que “no frustren las esperanzas de muchos ciudadanos que han firmado” y la iniciativa sea aprobada por el Congreso, ya que es “justa, necesaria y dignifica los derechos de los ciudadanos”.
Las firmas han sido presentadas ante la Junta Electoral Central y frente a las puertas del Congreso se ha congregado un centenar de personas apoyando la ILP, ya que UGT y CCOO han ubicado varias urnas para recoger las últimas firmas.
Toxo y Álvarez han recordado a los presentes que 710.000 hogares no tienen ingresos y el 22 % de la población española está en situación de pobreza extrema, por lo que han indicado que la prestación beneficiaría a 2,1 millones de ciudadanos.
Esta renta se configuraría como un derecho subjetivo y formaría parte del nivel no contributivo de la Seguridad Social. Estaría financiada vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado y el presupuesto anual necesario serían unos 11.000 millones de euros, el 1 % del PIB.
