En la Comisión Europea (CE) existe un “amplio entendimiento” sobre la necesidad de dar un paso más en el procedimiento por déficit excesivo e imponer sanciones a España y Portugal por no haber tomado medidas eficaces para reducir sus déficit públicos, confirmaron hoy a Efe fuentes de la Unión Europea.
El colegio de comisarios de la CE mantuvo el martes un debate de orientación sobre las decisiones que prevé tomar la próxima semana bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija los límites de déficit y deuda en el 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente, aunque no ha tomado una determinación definitiva aún y debe trabajar ahora en los próximos días en el diseño del paquete de recomendaciones.
Las decisiones también podrían afectar a Italia, por incumplimiento de la regla de la deuda, que se elevó en 2015 a un 132,7 % del PIB, la segunda mayor por detrás de Grecia, y es considerado como “otro caso complicado”, indicaron las fuentes.
El debate en el colegio de comisarios se centró en tomar en cuenta los hechos y las cifras sobre la mesa.
Existe un “amplio entendimiento” en la CE de que España y Portugal “son casos bastante claros” para dar un paso más en el procedimiento por déficit excesivo, porque “los números son tales que dejan pocas dudas”, afirmaron las fuentes.
España cerró 2015 con un déficit del 5,1 % del PIB con la ayuda de 0,1 puntos a la banca, frente al 4,2 % exigido por sus socios europeos, con lo que se queda lejos de poder alcanzar el 2,8 % comprometido este año.
Portugal finalizó el ejercicio con un déficit del 4,4 % del PIB incluido el impacto fiscal por el rescate de Banif, cuando tenía que haberlo reducido este año por debajo del 3 %.
Hasta ahora ningún socio ha recibido una penalización por incumplimiento del déficit, y la CE es consciente además del “momento extremadamente sensible” de la decisión que se tome por la campaña electoral que comenzará en España de cara a los comicios del 26-J.
La CE no ha hablado aún de los detalles de una eventual multa, dado que el primer paso es remitir al Consejo -la institución que representa a los países- una recomendación determinando que España no ha tomado medidas eficaces, tras lo cual los ministros de Economía y Finanzas deben pronunciarse.
Si los socios de España dan la razón a la CE, ésta tiene 20 días para recomendar al Consejo una multa que asciende al 0,2 % del PIB, según la regulación, es decir unos 2.000 millones de euros.
La multa será adoptada salvo que el Consejo decida por mayoría cualificada rechazarla en un plazo de diez días.
La sanción puede ser reducida o incluso cancelada por la CE por razones de “circunstancias económicas excepcionales” o tras una solicitud razonada recibida de Madrid en un plazo de diez días.
España intenta desde hace semanas intentar evitar la multa.
Tanto en su programa de estabilidad enviado a Bruselas como en la carta escrita por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, Madrid alega que en buena medida el incumplimiento ha sido por la desviación negativa de la inflación española respecto a lo previsto por la CE en 2013.
Apunta también a determinadas operaciones extraordinarias de gasto y pide tener en cuenta el esfuerzo estructural efectuado a lo largo de la legislaturas y no sólo en 2015.
El Gobierno español considera que la nueva senda que ha diseñado, con un año extra de margen, y que fija los objetivos de déficit en un 3,6 % del PIB en 2016 y un 2,9 % en 2017, es razonable y que sus argumentos son “perfectamente aceptables y comprensibles”.
Según han publicado El País y La Vanguardia, Rajoy se comprometió ante Juncker a ampliar un año el acuerdo de no disponibilidad de gasto en las administraciones central y autonómica.
