Podemos y Ciudadanos sumarán fuerzas en el Congreso para impulsar en la próxima legislatura una ley integral de protección de los denunciantes de casos de corrupción para impedir que se les acose laboralmente o incluso puedan perder su puesto de trabajo por avisar de estas prácticas.
Diputados de Podemos y de Ciudadanos se han reunido hoy en la Cámara baja con representantes de la Plataforma por la Honestidad, que agrupa a ciudadanos que han sufrido represalias por haber denunciado casos de corrupción en su entorno laboral.
El diputado de Podemos y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes cree que estas personas son equiparables con las víctimas de delitos como el de la violencia machista y por eso se debe “blindar” por ley su “tranquilidad personal, laboral y social”.
“Son personas que están sufriendo represalias por ejercer una obligación de todo ciudadano que es el denunciar conductas delictivas”, ha alertado Yllanes, que se ha felicitado de que Podemos y Ciudadanos estén juntos en este compromiso por la regeneración democrática.
Desde Ciudadanos, Francisco de la Torre ha avanzado que esta ley de protección integral de los denunciantes de corrupción será una de las primeras medidas que impulsará su partido en la próxima legislatura.
Para el diputado de Ciudadanos, la lucha contra la corrupción debe girar sobre dos ejes, seguir el rastro del dinero y proteger a los denunciantes, o de lo contrario nadie querrá avisar de estas prácticas corruptas.
En esta misma línea, la presidenta de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, la diputada regional de Ciudadanos, Dolores González Pastor, se ha felicitado de que el fin de las mayorías absolutas haya permitido la creación de este tipo de comisiones parlamentarias.
González ha apostado por otorgar plena protección jurídica a los funcionarios para que no tengan miedo a denunciar.
Ana Garrido, exfuncionaria municipal de Boadilla del Monte (Madrid) que destapó el caso Gürtel, ha lamentado el “calvario” y la “persecución” que ha sufrido desde que denunció el caso hace siete años.
Pese a ello, ha animado a los ciudadanos para que se involucren en la lucha contra la corrupción.
De la misma opinión es Luis Gonzalo Segura, teniente que ha cumplido varias sanciones disciplinarias por denunciar supuestas irregularidades y corruptelas en las Fuerzas Armadas.
A su juicio, es imprescindible suprimir la jurisdicción militar para evitar que las personas denunciadas sean las mismas que impongan las sanciones, como ha ocurrido, según su versión, en su caso.
