El presidente del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya, Daniel Faura, alerta, en una entrevista con Efe, de la “falta de transparencia” del sector público local y defiende la conveniencia de que auditores externos fiscalicen las cuentas de los ayuntamientos.
Faura considera que el Estado y las Comunidades Autónomas, entre ellas Catalunya, están “muy controladas”, pero que no pasa lo mismo con las administraciones locales, ya que los interventores y las sindicaturas de cuentas no disponen de suficientes recursos para verificar los números de este sector.
Es por ello que los auditores plantean la necesidad de que la ley obligue a los ayuntamientos de un cierto tamaño a someterse a auditorías independientes, tal y como sucede desde hace años en algunos países de nuestro entorno, como Reino Unido, Portugal o Escandinavia.
“Hemos enviado cartas a todos los grupos del Parlament pidiendo de forma reiterada que la ley obligue a los ayuntamientos a auditarse, pero no hemos recibido respuesta por parte de los partidos”, lamenta Faura.
El presidente de los auditores catalanes recuerda que Barcelona es de las pocas ciudades españolas que desde hace veinte años y de forma voluntaria audita sus cuentas a través de una empresa externa. “Y casualmente no se ha oído nunca ningún tema anómalo en este ayuntamiento”, subraya el experto.
Daniel Faura hace hincapié en que la función de una auditoría no es detectar el fraude, sino verificar las cuentas de empresas o instituciones para comprobar que se han formulado de acuerdo con los principios contables y dar fiabilidad a esta información.
“Tenemos una función más de prevención que de detección del fraude”, remarca el entrevistado, que cree que aunque “eliminar la corrupción es imposible, sí se podría limitar” si todas las administraciones, incluidas las locales, tuvieran la obligación de mostrar sus cuentas a un auditor independiente.
Faura señala, en este sentido, que el coste de una auditoría “no va más allá del 0,1 % de la facturación total” de una empresa o entidad, por lo que se pregunta si no vale la pena llevar a cabo este gasto en aras de incrementar la transparencia.
“La transparencia no es un coste, es una inversión social”, asevera el presidente del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya, órgano que agrupa a cerca de 1.450 profesionales que trabajan en unas 200 firmas auditoras, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
Este colectivo realiza cada año unas 14.000 auditorías, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de las 60.000 que se hacen en toda España.
El sector, con una facturación global de unos 650 millones de euros, ha sido capaz de sortear la crisis, con la consiguiente caída de los honorarios y de las auditorías empresariales, ofreciendo servicios complementarios de consultoría.
El futuro de estos profesionales, comenta Faura, pasa por llevar a cabo las inversiones tecnológicas necesarias para mecanizar y agilizar los procesos, pero también por ofrecer informes más completos, que no sólo incluyan una “foto fija” de la situación financiera de una entidad, sino también “proyecciones de futuro” sobre sus perspectivas a corto y medio plazo.
De igual forma, Faura prevé que el sector prosiga su proceso de concentración.
