La Comisión Europea (CE) confirmó hoy la recepción de una carta del presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, en la que ofrece un esfuerzo adicional para intentar que España evite una sanción por déficit excesivo, y aseguró que la “estudiará”.
“Puedo confirmar que hemos recibido la carta y la estudiaremos”, indicaron a Efe fuentes comunitarias, sin dar más detalles sobre la misiva, dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
En esa comunicación, Rajoy le solicita que tenga en cuenta la situación política en España y trate de evitar una multa por incumplir las metas fiscales, ofreciendo a cambio un esfuerzo adicional, según publican hoy los diarios El País y La Vanguardia.
Según esos medios, Rajoy pidió valorar el duro ajuste realizado por España en los últimos años y se comprometió a ampliar un año más el acuerdo de no disponibilidad de gasto en las administraciones central y autonómica.
En la carta, Rajoy explica la situación actual de España y plantea argumentos en su defensa como la desviación de la inflación respecto a la previsión de la de Bruselas, que ha mermado los ingresos fiscales previstos.
La carta subraya los ajustes y reformas aprobados en los últimos años en un contexto complicado.
Rajoy, en la misiva, habría pedido un año de prórroga para reducir el déficit.
La CE advirtió el pasado martes de los riesgos que crean para la economía la incertidumbre política que atraviesa España ante la próxima repetición de elecciones y las medidas que tendrán que adoptarse para corregir su exceso de déficit, por el que el país puede ser sancionado.
“La cantidad de medidas necesarias para corregir el resbalón presupuestario registrado en 2015 se añade a los riesgos a la baja sobre el crecimiento que se derivan principalmente de la incertidumbre que rodea la formación de un nuevo gobierno”, aseguró la CE en sus previsiones macroeconómicas de primavera.
Bruselas prevé que el desvío de España se situará en el 3,9 % del PIB este año y en un 3,1 % el siguiente, lo que supondría que tardaría dos años más de lo comprometido en situar su déficit por debajo del máximo europeo del 3 % establecido.
