El pleno del Congreso ha aprobado con 312 votos a favor y una abstención crear una comisión de investigación sobre las irregularidades, errores administrativos y falta de medios que dificultan a los residentes en el exterior ejercer su derecho al voto, tras un debate salpicado de reproches por la falta de gobierno.
Desde que en 2011 se modificara el sistema de voto para los residentes en el extranjero y se introdujera el llamado voto rogado, la participación electoral ha bajado del 30 % a menos del 5 % en ese colectivo, que se queja de multitud de trabas burocráticas para participar en cada proceso electoral.
La iniciativa la han plantado Podemos-En Comú Podem-En Marea y el grupo mixto, y la han apoyado todos los demás, incluido el PP, que ha advertido, no obstante, de que su respaldo ni es un “cheque en blanco” ni están dispuestos a “buscar un culpable”.
Para el diputado de Podemos Pablo Bustinduy, sin embargo, “quien legisló de esa manera debe dar explicaciones y rendir cuentas en sede parlamentaria”, porque “o estamos ante una colosal muestra de indiferencia, incapacidad e ineptitud para la función publica o estamos, peor, ante un inmenso ejercicio de prevaricación”, ha dicho.
Bustinduy, que ha rendido homenaje a los jóvenes emigrantes, ha subrayado que la comisión deberá determinar las “razones” y “responsabilidades” del “infierno burocrático” al que estos se enfrentan cuando quieren votar y ha señalado que deberá también auditar el funcionamiento del sistema consular, estudiar una circunscripción exterior, nuevos mecanismos para el censo y la posibilidad del voto electrónico.
El ‘popular’ José Ramón García le ha replicado que la comisión no puede servir para traer la “lista Maisanta” a España, en alusión a la lista negra venezolana, al tiempo que ha admitido como un “fracaso” que los ciudadanos que quieren votar no puedan hacerlo, por lo que ha estado de acuerdo en que hay que “corregir deficiencias” y “ver dónde están los fallos”.
Durante el debate, el representante del PP ha aprovechado para acusar al PSOE de estar “cercenando en estos momentos los derechos de la mayoría que ganó las elecciones”, por negarse a formar un gobierno de gran coalición, y ha emulado a la socialista Susana Díaz al llamar a los presentes a reconocer que en Podemos “son unos artistas”.
El diputado del PSOE Gregorio Cámara ha coincidido en que no le parece que haya “responsabilidades políticas que sustanciar”, por lo que ha defendido que, aunque comparte los objetivos, hubiera sido más adecuado tratar el asunto en una comisión de estudio o en una reforma más amplia de la ley electoral.
Tras advertir a Podemos de que, si decidiera apoyar esta semana un “acuerdo transversal (con PSOE y C’s) que lleve a un gobierno de progreso” este asunto podrían empezar a abordarse de inmediato, les ha dicho a los diputados del partido morado y sus confluencias que su “cálculo electoralista no está exento de grandes riesgos” y ha atribuido a sus “paralizantes rigideces dogmáticas” que no se haya podido formar gobierno.
Francisco Javier Hervías (C’s) también ha recordado a Podemos y al PP que están “a tiempo de que no haya nuevas elecciones y solucionar antes el problema del voto rogado”, en una intervención en la que ha arremetido contra los independentistas de ERC y DiL.
Hervías ha opinado que una comisión de investigación “no es la fórmula más ágil, eficaz y rápida”, pero la ha apoyado con el fin de “buscar una solución conjunta y consensuada para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto con libertad”.
Para el portavoz de ERC, Joan Tardá, investigar este asunto es “imprescindible”, ya que a su juicio existe una “operación política del Estado español” para que los jóvenes no voten, porque son los que más se alinean con las tesis independentistas.
Miriam Nogueras (DiL) se ha felicitado de que en tres meses el Gobierno de Cataluña presentará un sistema telemático de voto y ha comparado ese hito con lo “mal, muy mal” que hace las cosas el Ejecutivo español, al que ha reprochado que considere a los catalanes “buenos para pagar, pero no para votar”.
El diputado del PNV Mikel Legarda se ha unido a los que han cuestionado que una comisión de investigación sea el marco más adecuado para solucionar el problema, mientras que Sol Sánchez (IU) ha abogado por hacer lo posible para que “dos millones de votos en el extranjero puedan ser ejercidos, no rogados ni robados” e Isidro Martínez (Foro) ha dicho tener el interés añadido de una denuncia que presentó su partido tras las autonómicas de 2012.
