El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto las primeras sanciones a dos sociedades inmobiliarias que desahuciaron por impago a familias vulnerables sin ofrecerles previamente la opción de alquiler social, lo que incumple la ley de la vivienda aprobada el pasado año por el Parlament.
Según ha informado el consistorio, el ayuntamiento barcelonés se ha hecho cargo de la reubicación de las familias y ha iniciado expedientes sancionadores de 90.000 euros contra los infractores.
Además, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucero) ha localizado un caso grave de infravivienda, en el que una de las empresas alquilaba partes de 15 metros cuadrados de una finca, sin cumplir las condiciones de habitabilidad, lo que puede conllevar una multa de hasta 900.000 euros.
El ayuntamiento ha iniciado un expediente para declarar la situación de infravivienda y prohibir este uso en la finca.
Ésta es una de las primeras acciones de disciplina que impulsa la concejalía de Vivienda en este mandato.
Las dos inmobiliarias han sido sancionadas por incumplir la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, ley que obliga a las sociedades y entidades a ofrecer la posibilidad de un alquiler social a las familias que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o las cuotas de alquiler.
En el primero de los casos, se trata de una compartimentación de una vivienda unifamiliar, en múltiples infraviviendas ilegales que no cumplen ningún requisito de la normativa de habitabilidad vigente.
En un edificio situado en el barrio de Vilapiscina y Torre Llobeta y a partir de una inspección de técnicos municipales, se constató que el local no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.
La finca está compartimentada en diferentes espacios de unos 15 metros cuadrados que funcionan como una única vivienda, pequeños espacios que incorporan aseo, cocina y ducha. En algunos casos se han ubicado en patios interiores, o en la azotea con volúmenes añadidos con muros simples de fábrica o de ladrillo, con techos de cubierta plana.
Los inspectores encontraron dos contadores de electricidad, uno para un local situado en la planta baja, y otro para el resto de los espacios, los cables ascienden a los pisos superiores por los mismos lugares que las instalaciones de agua.
En estos espacios malviven un total de 10 ocupantes, que pagarían alquileres de entre 400 y 500 euros mensuales cada uno de ellos.
