Las comunidades autónomas están teniendo contactos para forjar alianzas contra el plan “antidéficit” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a pesar de que el Gobierno ha dejado claro que no hay más opción que su cumplimiento.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, se unieron ayer a una vía que rastreó hace días el jefe del Gobierno aragonés, Javier Lambán: explorar fórmulas que unan a las autonomías contra las exigencias del ministro, que consideran una vía hacia nuevos recortes.
Una semana después de que se conocieran los datos de cierre de las cuentas públicas de 2015, que terminaron con un déficit del 5 por ciento, según precisó ayer Montoro en el Congreso, la grieta entre algunas comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se sigue ensanchando.
Puigdemont incidió en esa distancia al anunciar que mantiene contacto con Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Andalucía y Baleares con la finalidad de coordinar actuaciones que eviten nuevos recortes.
Cataluña busca, así, formar un frente contra los planes del ministro junto a comunidades que gobierna el PSOE, las más refractarias a tocar sus partidas de gasto en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montoro ya avanzó la semana pasada que promovería una serie de medidas contenidas en esa norma para atajar el exceso de déficit con el que las comunidades cerraron el ejercicio 2015, un 1,66 por ciento del PIB pese a que se había fijado un objetivo del 0,7.
Entre la noche del miércoles y la mañana del jueves el Ministerio de Hacienda envió a 12 comunidades autónomas una carta en la que ponía negro sobre blanco esas medidas: ultimar planes económico-financieros, rubricar acuerdos de no disponilidad y limitar el gasto.
Con los gobiernos de Extremadura y Aragón fue más allá al impulsar retenciones de gasto, habida cuenta de los retrasos en ambas comunidades para pagar a proveedores.
La carta, conocida el jueves, provocó la rebelión de la mayoría de las comunidades, algunas de las cuales directamente manifestaron que no aceptan las medidas y que no piensan recortar más.
Puigdemont ha expresado esa posición: “No queremos que todo lo que desde el Gobierno catalán queremos hacer por los ciudadanos se ponga en peligro por una actitud inaceptable del representante de un gobierno”, ha asegurado en alusión a Montoro.
Mónica Oltra, por su parte, ha informado acerca de los contactos y llamadas que está haciendo el presidente valenciano, Ximo Puig, a los de Cantabria, Baleares, Andalucía, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha.
Tal y como ha explicado, se trata de sentar las bases para un nuevo modelo de financiación que reparta mejor los recursos.
Asimismo, ha replicado a Montoro que la Comunidad Valenciana no puede ajustarse a sus planes contra el déficit a no ser que saque a los niños de los colegios y a los enfermos de los hospitales. “No podemos cumplir con el déficit, no podemos. Y punto”, ha zanjado.
El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha asegurado que su comunidad se niega a hacer ninguna retención del gasto y ha retado al ministro a que sea él mismo quien decida en qué partidas se recorta.
Mientras, el Govern balear ha aprobado una declaración institucional contra las “medidas coercitivas” de Montoro, que la portavoz, Pilar Costa, ha tildado además de “reprobables”.
Los tanteos que están protagonizando algunas comunidades chocan con los argumentos del Gobierno, al que el viernes ha puesto voz la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Según ha señalado tras el Consejo de Ministros, el incumplimiento del déficit por las comunidades “no es una opción”, ya que se trata de una obligación que proviene de la Unión Europea.
Al igual que Montoro durante estos días pasados, Sáenz de Santamaría ha defendido la política de “cierto equilibrio” porque es la que ha propiciado la recuperación económica y la creación de empleo.
El Gobierno, con todo, buscará el “máximo diálogo” con las comunidades afectadas, ha añadido.
Ayer, de hecho, autorizó la formalización de operaciones de deuda a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Castilla y León por un montante conjunto que supera los 3.500 millones de euros.
