El pleno del Congreso ha aprobado hoy por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones, presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones contra el Gobierno en funciones, por su negativa a someterse al control parlamentario.
La iniciativa, presentada de forma conjunta por todos los grupos salvo el PP, se produce después de que dos ministros no acudieran a sendas comparecencias en comisión a la que estaban convocados, al entender que no tienen la obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no les ha dado su confianza.
No obstante, antes de que el conflicto de atribuciones llegue formalmente al TC, el Gobierno en funciones tiene un mes para responder al requerimiento del Congreso y revocar su decisión.
En el caso de no hacerlo, los servicios jurídicos de la Cámara registrarán el recurso en el alto tribunal.
A la votación ha asistido buena parte del Gobierno, aunque no el presidente, Mariano Rajoy, que hoy precisamente ha comparecido ante el pleno para dar cuenta de las últimas decisiones de la UE sobre la crisis de los refugiados.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha llamado la atención en los pasillos sobre la “paradoja” de que este debate se haya producido después de esa comparecencia de cinco horas de Rajoy, ha insistido en que pretender que el Ejecutivo en funciones se someta al control del Congreso “va en contra de todos los informes y precedentes de esta Cámara”.
Como promotor del recurso, el portavoz de PSOE, Antonio Hernando, ha señalado que lo que defiende esta iniciativa es “la democracia misma”, por lo que ha asegurado que hoy es el “día de la dignidad del Parlamento”.
Hernando ha argumentado que la “rebeldía declarada” por el Gobierno en funciones y su “desprecio” a dar cuenta a los ciudadanos pone en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional.
“No es solo la ley, sino la democracia misma lo que pretendemos defender”, ha proclamado.
Por contra, el popular José Antonio Bermúdez de Castro ha asegurado que la “verdadera intención” de la iniciativa es “desgastar” al Gobierno de Rajoy y conducir a la Cámara “a un escenario de precampaña”, y ha recordado que en Cataluña y en Andalucía no hubo sesiones de control cuando sus gobiernos estuvieron en funciones tras las últimas elecciones.
“Pueden ganar esta votación, pero no por ello tienen asegurada la razón y, mucho menos, el respaldo de los españoles, que están perplejos por el continuo espectáculo teatral y el sinfín de fotos y reclamaciones de sillas”, ha dicho en alusión a las negociaciones para formar gobierno entre PSOE, C’s y Podemos.
Para el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, la falta de control al Gobierno puede acabar derivando en posiciones contrarias al interés general y el pluralismo.
“No les estamos pidiendo un favor, sino que cumplan con su deber”, ha recalcado tras recordar al Ejecutivo que “la Constitución no distingue entre Gobierno y Gobierno en funciones” e instarle a rectificar. “Dense una oportunidad para terminar su mandato con dignidad”, ha emplazado.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, ha reprochado a los representantes del PP que estén todo el tiempo acusando a otros de haber “matado” a Montesquieu, cuando ellos hoy “le han dejado en funciones”, y ha recordado al Gobierno que España es una democracia parlamentaria en la que rige la separación de poderes.
“No sé si le han cogido el gusto al descontrol”, ha subrayado Girauta, pero, si “pisotean el principio “básico” de la división de poderes e ignoran la “lógica aristetólica” al interpretar que “menos poder es menos control”, entonces no dejarán otra alternativa a las fuerzas políticas -ha avisado- que acudir al Constitucional.
Joan Tardá (ERC) ha dicho que su grupo no se ha sorprendido de la negativa del Gobierno, porque forma parte “del ADN del comportamiento político del PP”, pero también del PSOE, como ocurrió -ha precisado- en la octava legislatura, con el veto a las preguntas relacionadas con la casa real.
Tardá ha acusado al PP de utilizar “el comodín de lo legal” y de estar “abonado” a lo “estrictamente reglamentario”, porque sabe que “quien tiene el poder puede forzar los reglamentos y la legalidad”.
El diputado de DiL Jordi Xuclá, que ha lamentado este conflicto “artificial” a su juicio provocado por el Gobierno, ha afirmado que demuestra su “pobre concepto de la democracia representativa”, que “denigra las instituciones”.
Desde el PNV, Mikel Legarda ha arremetido contra el Gobierno por intentar “eludir” el control parlamentario y lo ha considerado “inaceptable”. “Montesquieu no está muerto, aunque ustedes lo pretendan”, ha espetado a la bancada del PP.
En nombre de Compromís, su portavoz Joan Baldoví, ha argumentado que el Ejecutivo debería comparecer con normalidad en la medida en que también hace anuncios “electoralistas”, como el realizado, a su juicio, por la ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado 17 de marzo en Alicante sobre el Corredor del Mediterráneo.
Alberto Garzón (IU) ha puesto el acento en la “anomalía gravísima” de que haya un Gobierno no sometido al control de las Cortes, y más aún siendo del PP, que “no es precisamente el partido más transparente de la historia”.
La portavoz de Bildu, Onintza Enbeita, ha señalado que el Gobierno de Rajoy necesita la confianza de la Cámara para algunas cosas, pero que para otras les basta con la “autoconfianza”, mientras que la diputada de CC, Ana Oramas, se ha quejado de que en este “nuevo tiempo” falte el diálogo y la sensatez que hubo en la transición.
Carlos Salvador, de UPN, que se presentó en coalición con el PP en las elecciones del 20D, y que ha votado en contra junto a los populares, ha abogado por regular situaciones como ésta de un Gobierno en funciones para que no haya disparidad de criterios.
