La Generalitat ha propuesto incluir en el ‘plan Juncker’, impulsado por la Comisión Europea, la construcción de un edificio, denominado Barcelona KEY Tower, que debería formar parte del campus Diagonal Besòs de Barcelona y cuyo coste se estima en unos 50 millones de euros.
El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras, da cuenta de este proyecto en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Efe.
Se trata de una iniciativa que busca que se instalen en ese edificio entidades relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).
En octubre de 2012, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el de Sant Adrià de Besòs presentaron el proyecto Barcelona Key, con el que se busca atraer inversiones relacionadas con la investigación, y en general con la economía del conocimiento, a la zona limítrofe entre ambas ciudades, donde se construye el nuevo campus Diagonal Besòs de la UPC.
A mediados del año pasado, la Generalitat explicó que había remitido seis proyectos público-privados al Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el fin de obtener financiación del plan Juncker, con el que la Comisión Europea busca estimular las inversiones y el crecimiento económico.
De estos seis, uno, el túnel de la Conreria, que debía unir el Barcelonès con el Vallès con una fórmula de vía de peaje y cuyo coste se calculaba en 371,6 millones, ha sido desestimado por el BEI con el argumento de que el plan Juncker sólo aportará financiación a carreteras que formen parte de la red transeuropea de transporte, algo que no encaja con la B-500.
Al rechazarse esta propuesta, la Generalitat ya sopesaba incluir a cambio un proyecto público-privado relacionado con el campus Diagonal-Besòs de Barcelona, y así se ha acabado concretando.
Según detalla el conseller en la respuesta por escrito remitida al Parlamento catalán, el resto de proyectos son, entre otros, un fondo de cartera para financiar proyectos de eficiencia energética y de energías renovables que deberían desarrollar las empresas de servicios energéticos en Cataluña, valorado en 345 millones.
La Generalitat también pide financiación para construir una biorrefinería en Juneda (Lleida), un proyecto cifrado “entre los 100 y los 150 millones”, o bien para la Central Integral Logística del Llobregat, presupuestada en 284 millones y que debe complementar a la Vallès y permitir satisfacer la fuerte demanda de suelo logístico en la región metropolitana de Barcelona.
El quinto proyecto remitido al BEI es la Terminal Intermodal de l’Empordà (Vilamalla), valorada en 50 millones, que consistiría en la ampliación de la terminal ferroviaria y de la zona logística de Vilamalla para conectar de manera más eficiente Cataluña con las grandes redes ferroviarias de transporte de mercancías del norte de Europa, una actuación que forma parte del Corredor del Mediterráneo.
Por último, el sexto proyecto remitido al BEI es una nueva estación de autobuses en la Zona Universitaria de Barcelona, de forma que se crearía un punto de intercambio modal de transporte de viajeros en la entrada de Barcelona por la Diagonal, lo que debería permitir la distribución de los flujos de movilidad procedentes del Baix Llobregat y del corredor de la B-23 a la ciudad de Barcelona mediante su conexión con la red de transporte público.
Este proyecto tiene un coste estimado de 98,6 millones de euros, de forma que el listado de iniciativas remitidas por la Generalitat suma un coste que puede alcanzar los 977,6 millones.
El apoyo financiero del BEI puede cubrir hasta un máximo del 50 % del coste total de cada proyecto; asimismo, el plan Juncker no cubre proyectos puramente públicos, sino público-privados, y aporta fondos en forma de préstamos, garantías o bien participaciones en el capital, pero no hace “subvenciones a fondo perdido”, recuerda Junqueras en la respuesta.
El conseller precisa que estos seis proyectos están actualmente en la “fase de evaluación por parte del personal técnico del BEI”.
La Generalitat entiende que serían “susceptibles de ser elegibles en el marco del plan Juncker”, pero recuerda que “esta aceptación inicial no es garantía de que los proyectos sean finalmente aprobados”.
En esta línea, el conseller apunta que la tramitación de cada proyecto es “larga”, porque los seis proyectos aún deben ser evaluados por el comité de inversiones del FEIE (integrado por ocho expertos independientes), aprobados por el comité de dirección del BEI y por la Junta Directiva del BEI, tras lo cual deberían negociarse las condiciones financieras del apoyo del BEI y por último se firmaría el contrato de financiación y se desembolsarían los recursos.
Con todo, la Generalitat asegura que los proyectos aprobados podrían iniciarse, “como muy tarde, el año 2017”.
