La Operación Taula, ordenada dentro de la investigación del caso Imelsa, cumple hoy dos meses, con la incógnita todavía por despejar sobre qué ocurrirá con los nueve ediles del PP en el Ayuntamiento de Valencia que están investigados (imputados) por el supuesto blanqueo de donaciones al partido.
El caso Imelsa consta de una pieza principal, con 115 investigados por cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas y que sigue bajo secreto hasta el 14 de abril, y una pieza separada por blanqueo, con 48 personas imputadas más el PP, sobre la que se alzó el secreto de sumario el 14 de marzo.
Precisamente, esta última pieza, en la que están imputados nueve de los diez ediles del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha llevado a la dirección nacional del partido a abrirles expediente informativo -al igual que a la exalcaldesa Rita Barberá-, y a la dirección regional a reclamarles que dejen el acta.
El último paso del PPCV ha sido reclamarles, en una carta certificada que les remitió el pasado martes, que en el plazo de diez días hábiles entreguen su acta, tal y como acordaron en la reunión que mantuvieron el pasado 15 de febrero con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.
En esa reunión, se llegó al acuerdo de que, si cuando se levantara el secreto del sumario se mantenía su condición de investigados, entregarían voluntariamente el acta, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Asimismo, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha pedido un informe jurídico para conocer cuáles son, según el reglamento del Consistorio, los posibles escenarios a partir de la decisión que adopten los concejales del grupo municipal popular.
También está pendiente que dos aforados, Barberá y el exedil y actual diputado autonómico Miquel Domínguez, declaren voluntariamente ante el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia valenciano, respectivamente.
El juez hizo este ofrecimiento el pasado 14 de marzo, después de que el Ministerio Público considerara que “existen indicios suficientes de la participación” de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales a partir de donaciones al partido para la campaña electoral del 24 de mayo.
Barberá anunció un día después en su segunda rueda de prensa desde que comenzara la Operación Taula que aceptaba ese ofrecimiento, aunque no había decidido aún ni cómo -puede hacerlo por escrito- ni cuándo lo haría, dentro del plazo otorgado de veinte días.
Esa misma tarde, el PP hizo pública la apertura de un expediente informativo a Barberá y a todos los implicados en la pieza sobre supuesto blanqueo de capitales, para el que se ha nombrado como instructor a Francisco Molinero, miembro del Comité de derechos y garantías.
En estos dos meses, se ha acordado crear comisiones de investigación sobre el caso Imelsa en el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y en Les Corts Valencianes, cuyo funcionamiento está supeditado en los dos primeros casos al levantamiento del secreto de todo el sumario, y en el último a que acaben sus trabajos otras comisiones.
La causa, que se saldó el 26 de enero con la detención de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, por varios delitos contra la administración pública, consta ya de 4.500 folios y con la petición del juez de declarar compleja la pieza separada de blanqueo, para ampliar así de 6 a 18 meses el plazo para investigar.
