Montserrat González y su hija Triana han sido condenadas a 22 y 20 años de prisión, respectivamente, por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, mientras que Raquel Gago ha sido absuelta de este delito y condenada a cinco años por encubrimiento y tenencia ilícita de armas.
El tribunal ha condenado a Montserrat González, autora confesa de los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco, y a su hija por los delitos de asesinato en concurso con un delito de atentado agravado por el uso de armas de fuego.
La sentencia no considera a la agente de la Policía Local Raquel Gago cooperadora en el crimen, según estableció el veredicto del jurado popular, aunque sí como encubridora, por lo que la condena a una pena de tres años de cárcel -de la que hay que descontar los ocho meses que pasó en prisión preventiva- y a dos años por tenencia ilícita de armas.
Gago no tendrá que ingresar en prisión ya que el presidente del tribunal que la ha absuelto de asesinato, Carlos Álvarez, decidió el pasado 27 de febrero, junto con los otros dos magistrados de la sección tercera de la Audiencia de León, que la policía local podía seguir en libertad provisional hasta que se resuelvan los recursos que anunció su defensa.
El tribunal ha condenado a Montserrat González a 22 años de prisión al considerarla autora material del crimen, con el agravante de disfraz y el atenuante de reparación parcial del daño, ya que ha hecho frente parcialmente a las indemnizaciones que la exigen la fiscalía y las acusaciones particulares.
Por los delitos de asesinato y atentado a la autoridad le impone la pena de 19 años de prisión, a los que hay que sumar otros 3 por tenencia ilícita de armas.
La sentencia establece que Montserrat no podrá acercarse a la hija de Isabel Carrasco, Loreto Rodríguez Carrasco, ni a la pareja sentimental de la presidenta de la Diputación asesinada, Jesús López Brea, ni comunicarse con ellos por ningún medio durante un periodo de 25 años.
A Triana Martínez la condena como cooperadora necesaria del asesinato, con atentado a la autoridad, uso de arma de fuego y agravante de disfraz, aunque también atiende la atenuante de reparación parcial del daño.
Por los delitos de cooperadora y atentado a la autoridad le impone una pena de 17 años y 6 meses de prisión y por la tenencia ilícita de armas a 2 años y 6 meses.
Igual que su madre, no podrá acercarse ni comunicarse con la hija y la pareja de la víctima durante 25 años.
Además, el tribunal impone a las tres condenadas el pago de las costas a partes iguales, incluidas las de las acusaciones particulares, excepto la acusación popular que ejerció en nombre del PP el abogado Ricardo Gavilanes
