La defensa del expresidente catalán Artur Mas ha pedido el archivo de la causa del 9N alegando que no era un referéndum para obtener “un mandato democrático”, sino un proceso participativo que quedó “por completo” en manos de voluntarios tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
Las defensas de Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, imputadas a raíz de la querella de la Fiscalía por la consulta alternativa del 9N, han presentado hoy un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para pedir el archivo de la causa, argumentando que no desobedecieron la orden del TC de suspender la votación.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Artur Mas, Xavier Melero, sostiene que la consulta se llevó a cabo de forma “completamente legal”, dado que no se trataba de un referéndum -competencia del Estado-, no se utilizaron procedimientos ni garantías electorales, no se dirigió al censo ni “pretendió obtener un mandato democrático a través de su realización”.
La defensa de Mas insiste en que el proceso participativo quedó en manos de ciudadanos voluntarios y admite que la Generalitat facilitó los locales, la infraestructura logística y veló por la seguridad, puesto que “no iba a incurrir en dejación alguna de sus funciones estatutarias propias”, teniendo en cuenta que se trataba de “un acontecimiento político de la mayor trascendencia”.
Además, según el escrito de Mas, la votación del 9N se llevó a cabo en dependencias públicas “ante la pasiva conformidad de todos los poderes del Estado” y “sin que a nadie -por muchas denuncias de asociaciones y particulares que constataran en aquel momento- se le pasara por la cabeza el menor movimiento impeditivo”.
El escrito dirigido al TSJC recalca que la Generalitat acató “en sus términos literales” la primera suspensión de la consulta por parte del TC y que, cuando planteó el proceso participativo alternativo, el Gobierno “pasó de ridiculizar y menospreciar” la votación a finalmente impugnarla.
En la misma línea, la exvicepresidenta Joana Ortega alega en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que la causa abierta en el TSJC tiene un “sesgo marcadamente político”, ya que “lo que se pretende es la imputación de los legítimos representantes de un gobierno, por su actuación política vehiculada de manera democrática, responsable, pacífica y respetuosa con la legalidad”.
“Los procesos políticos que se desarrollan pacíficamente y democráticamente tienen que ser resueltos en el ámbito de la política, por medio del diálogo y la negociación y, si es necesario, por medio del debate, la movilización y el referéndum de las urnas, pero es evidente que un proceso penal no resulta adecuado, legítimo, ni mucho menos conveniente”, remarca el escrito de Ortega, representada por el abogado Rafael Entrena.
Por su parte, la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau remarca en su escrito que desde su departamento “simplemente” se limitaron a poner en conocimiento de los directores de institutos, en reuniones previas a la suspensión del TC, que la Generalitat, como titular de los centros, permitiría que se celebrara en las aulas la votación.
