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Un experto filatélico no puede afirmar que los sellos de Afinsa fueran falsos

El experto filatélico José Mejía Mercader ha asegurado hoy en el juicio de Afinsa en la Audiencia Nacional que “no se puede determinar con certeza” si los sellos de la compañía eran falsos o no, porque algunos estaban “muy envejecidos”.
En su declaración a petición de las defensas, el experto ha admitido a preguntas de la Fiscalía que existe una “sospecha” porque hay sellos “claramente diferentes”, pero ha insistido que, en su opinión, no podría calificarlos como falsos o verdaderos.
De esta forma, se ha referido a un informe pericial realizado en 2005 por la Real Casa de la Moneda sobre el sello número 104 de Chipre, un timbre al que ya se refirió ayer la inspectora de Hacienda María Teresa Yabar, quien aseguró que los sellos le “daban risa”.
Según la inspectora, le llamó la atención este sello en concreto ya que aparecían más de 300 ejemplares en los registros de Afinsa y esto resultaba “imposible”, debido a la exclusividad y antigüedad del ejemplar, por lo que pidió que se le mostrasen las piezas y las encontró en “pésimas condiciones”.
Además del experto filatélico, en la jornada de hoy ha declarado el administrador judicial Javier Gávalos, que trabajó durante un corto periodo de tiempo en Afinsa después de su intervención en 2006 y ha asegurado en calidad de experto que él habría recomendado un concurso voluntario para liquidar la entidad.
En el juicio que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional comenzó en noviembre de 2015 han declarado ya los 14 miembros de la antigua cúpula de Afinsa acusados de diversos delitos de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales, para los que la Fiscalía pide penas de prisión de entre dos y 19 años.
También han declarado desde entonces varios testigos y peritos pedidos por la Fiscalía y las partes, incluyendo expertos filatélicos y una gran cantidad de afectados, que “pensaban que estaban haciendo una inversión” como si fuese un banco.
El supuesto fraude filatélico de Afinsa dejó un agujero patrimonial de 2.000 millones de euros a la entidad tras su intervención y afectó a más de 200.000 pequeños inversores que tenían su dinero depositado en lotes de sellos.

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