El Defensor del Pueblo ha destacado en su informe anual de 2015 el aumento del número de menores de edad que han sido asesinados por sus padres, como un modo de infligir el mayor daño posible a sus madres.
En el análisis de la violencia de género, la institución explica que ha pedido que se concrete la ejecución del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, dentro del Estatuto de la Víctima, que entró en vigor en 2015 y que busca visibilizar como víctimas a los menores que viven en esos entornos de violencia.
Además, el Defensor del Pueblo, dirigido por Soledad Becerril, ha solicitado que se actualicen los datos de mujeres y menores agredidos por violencia machista que dispone la Policía, de los años 2014 y 2015, y que le informen sobre la implantación de los servicios de atención a la familia en las comisarías donde no existan.
Recuerda al Gobierno que todavía no ha cumplido el dictámen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, otorgando “una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcionada” a Ángela González Carreño, por el asesinato de su hija por parte del padre en un visita sin supervisión.
La institución que preside Becerril recuerda que como la ley de custodia compartida no salió adelante en la tramitación parlamentaria, ha reclamado a Justicia que le informe sobre las medidas que se adopten en relación con el régimen de custodia y visitas para la protección de los menores en un contexto de violencia de género.
El informe destaca que el Defensor ha abierto actuaciones de oficio por las muertes violentas de mujeres y menores, dirigidas a la Dirección General de la Policía para conocer la estimación del riesgo y a los ayuntamientos para averiguar si tienen protocolos municipales para la gestión de estos casos.
