El Tribunal Constitucional (TC) ha iniciado hoy la tramitación del incidente de ejecución por desobediencia que el Gobierno promovió contra Parlament de Catalunya por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.
Lo que ha hecho hoy el tribunal de garantías es preguntar al fiscal y al Parlament catalán si corresponde desatar el incidente previsto en la reciente reforma de la Ley Orgánica del TC, trámite para el cual les concede 10 días de alegaciones.
Si se desatara el incidente seguiría los pasos previstos en la esa reforma de la Ley Orgánica del Tribunal aprobada por el Grupo Popular y, de este modo, implicaría una advertencia a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia.
El Gobierno pidió en enero al TC que anule la creación por el Parlamento de Catalunya de la citada comisión, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que anuló la declaración independentista.
En ese escrito el abogado del Estado señalaba que la citada comisión es “un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento”.
Por eso pedía al TC que “requiera a la señora presidenta del Parlamento de Catalunya y a los miembros de la citada comisión” de que deben abstenerse de esa iniciativa e “impedir” cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional.
Además, el TC debería apercibirles “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”, pedía el Gobierno.
La reforma prevé que en este incidente el TC señale expresamente quién está obligado a cumplir sus resoluciones y, en este sentido, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, será protagonista.
La ley señala, además, que todas estas previsiones se pondrán en marcha “sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan”.
“En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído” pedirá explicaciones a la persona afectada y, en función de las mismas, adoptará las medidas previstas.
De este modo, la advertencia del tribunal de garantías a los implicados de que podrían estar cometiendo un delito de desobediencia está expresamente prevista en la reforma.
