La Generalitat ha negado al juez que investiga al expresidente catalán Artur Mas por el 9N que se utilizaran bases de datos personales para la votación y ha precisado que el proyecto que impulsó en 2013 para crear un registro de asegurados del Servei Català de la Salut (SCS) fue abandonado.
En sendos escritos remitidos al juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Joan Manuel Abril, el Departamento de Presidencia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTT) de la Generalitat niegan que se usaran bases de datos personales en las aplicaciones informáticas utilizadas en la votación, como investiga la Fiscalía.
A petición del ministerio público, el juez instructor requirió a la Generalitat que acreditara ese extremo y citó a declarar como testigos a los técnicos que instalaron la aplicación informática usada en la votación, quienes aseguraron que esta se confeccionó con callejeros, no con bases de datos públicas.
Los técnicos admitieron que en 2013 la Generalitat les encargó el proyecto “Invictus” para que confeccionaran una base de datos con informaciones de identidades personales basadas en el registro de asegurados de Salut, pero apuntaron que desconocían si el CTTI la usó para alguna de las gestiones relacionadas con el 9N.
En su escrito remitido al juez, firmado por el secretario general Joaquim Nin el pasado 3 de febrero, el Departamento de Presidencia admite que en marzo de 2013 impulsó la creación del proyecto “Invictus” para crear una base de datos con la finalidad de mantener los datos de los ciudadanos y empresas de Catalunya “exactas y puestas al día” para garantizar su comunicación con la Generalitat.
Presidencia admite que encargó la elaboración de la solución técnica que ese proyecto al CTTI, pero que posteriormente “se desistió en la implantación” de “Invictus”, por lo que “no se creó ninguna base de datos de ciudadanos y, en consecuencia, no existe ninguna disposición de carácter general de creación de la misma”.
En julio de 2014, prosigue el escrito, el Departamento de Presidencia “desarrolló el proyecto Sede Electrónica, concebido como espacio electrónico donde estaría disponible de forma integrada la información, los servicios y los trámites electrónicos de la administración de la Generalitat”.
Sin embargo, mantiene Presidencia, la base de datos de la Sede Electrónica “no fue utilizada para la votación del 9 de noviembre de 2014 y, en consecuencia, no fue nunca cedida con esa finalidad”.
El Departamento de Presidencia adjunta a su escrito una carta firmara por el director gerente del CTTI, Jordi Escalé, que garantiza que en el proyecto Invictus “no se creó ninguna base de datos de ciudadanos utilizando los datos del Registro Central de Asegurados del CatSalut” ni de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión (DGAC).
“Consecuentemente, no ha sido necesario aprobar ninguna orden reguladora de ficheros de datos de carácter personal que incluya la creación de este fichero”, añade el escrito.
La carta de Escalé concluye que para las aplicaciones informáticas que se usaron en la consulta del 9N “no se utilizó ninguna base de datos de carácter personal” ni se cedieron al CTTI los registros referidos.
La causa por el 9N que investiga el TSJC está ahora pendiente de que las defensas y la acusación particular ejercida por Manos Limpias se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía de que el Tribunal Supremo investigue al exconseller de Presidencia Francesc Homs, según fuentes judiciales.
La Fiscalía, que ve suficientes indicios para enviar a juicio a Artur Mas por desobediencia en la consulta del 9N, quiere que el Supremo abra una pieza separada para investigar a Homs por indicar supuestamente a una empresa contratista de la consulta que siguiera adelante con sus gestiones porque no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
