El Síndic de Greuges ve “intolerable” la permisividad de las administraciones con el ‘top manta’ porque “sólo beneficia a los entramados mafiosos que controlan la venta ambulante ilegal” y ha reclamado una “acción contundente” que comporte la salida de la precariedad de los manteros.
En un informe que ha elaborado el Síndic, Rafael Ribó, sobre el comercio irregular en la vía pública, el denominado “top manta”, Ribó defiende que la actuación policial debe complementarse con un plan paralelo que garantice alternativas laborales o sociales para los vendedores afectados.
La investigación del defensor ciudadano, que ha abarcado toda Cataluña y ha incluido los casos concretos de Barcelona, Salou, Sitges, Roses y El Vendrell, critica con dureza la “inactividad de las administraciones públicas para abordar este fenómeno”, que califica “más cercano a los entramados mafiosos que a la pobreza de los más vulnerables”.
El Síndic recomienda “una acción cuidadosa y decidida contra las organizaciones que importan y controlan las logísticas de distribución de productos falsificados” y una intervención coordinada de la Administración tributaria y las fuerzas de seguridad de la Generalitat y estatal.
Según el Síndic, las principales víctimas del top “manta” son los vendedores o manteros y el hecho de que las autoridades “miren hacia otro lado” les perjudica más que les beneficia.
Por ello recomienda abordar este fenómeno “de manera integral e incluir medidas que supongan una alternativa legal y mejorada en el trabajo que tienen que hacer actualmente para ganarse la vida”.
Esto significa, en su caso, “proporcionarles alojamiento, formación ocupacional y tomar medidas para regularizar la situación administrativa de aquellos que lo requieran”.
En el marco de esta investigación, el Síndic ha decidido reunir hoy a las partes implicadas para concretar y proponer al gobierno catalán “soluciones factibles” para que éste las ejecute.
Han sido invitados a la reunión representantes de las entidades sociales y de los gremios de comerciantes, los miembros de varias asociaciones afectadas y algunos responsables de la administración y de las entidades municipalistas.
El objetivo, según el Síndic, es analizar conjuntamente salidas para las personas que se han visto en la necesidad de subsistir económicamente con esta práctica ilegal.
El informe del Síndic es el resultado de la actuación de oficio que abrió en octubre de 2015 con relación a la venta ambulante ilegal en la calle.
La investigación ya tenía el precedente de otra actuación abierta pocos meses antes con motivo de la muerte de un vendedor top manta en Salou durante una operación policial, incidente que situó la problemática en el centro del interés mediático.
El informe del Síndic destaca sobre todo que hay que distinguir la situación de los vendedores del “top manta” de la de los entramados mafiosos o redes de crimen organizado que los explotan y que promueven la falsificación y la importación ilegal de los productos que distribuyen los manteros.
El informe resalta que los vendedores de “top manta” suelen ser personas inmigrantes que intentan ganarse la vida vendiendo los productos a la calle y que se encuentran en una situación social muy precaria o directamente de exclusión total.
Rafael Ribó también plantea la necesidad de realizar campañas informativas y de sensibilización del consumidor sobre sus derechos y obligaciones, así como sobre las repercusiones negativas que supone adquirir productos falsificados en el “top manta”.
El informe también señala que “top manta” conlleva una ocupación irregular del espacio público, ya que no se dispone de la licencia municipal necesaria para la ocupación temporal de la vía pública.
La cadena de ilegalidad implica que tampoco haya recaudación del IVA ni de ninguna tasa o impuesto municipal, y desde el punto de vista de la competencia, “representa una competencia desleal respecto de las empresas y los comercios que operan de acuerdo con la normativa”.
