El próximo martes arranca en Getafe el juicio a los sindicalistas conocidos como “los ocho de Airbus” por su actuación en la fábrica aeronáutica durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Acusados de atentado, delito de lesiones y contra el derecho de los trabajadores al incumplir el artículo 315.3 del Código Penal, cada uno de los encausados se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y tres meses de prisión por lo ocurrido aquel día, 64 años en total, en el que se produjeron altercados y una carga policial.
Es precisamente dicho artículo el que ha dotado a este proceso de una transcendencia significativa y el motivo por el que tanto las principales centrales sindicales como algunos partidos lo consideran una amenaza para el derecho de huelga y “un ataque a la democracia”.
El texto completo del 315.3 indica que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.
Pese a que fue modificado en la pasada legislatura con la indicación concreta de las penas, ya estaba incluido en el Código Penal del Ejecutivo de Felipe González de 1995 y los sindicatos lo valoran como una continuación “de la legislación franquista”.
No reconocer esta norma, así como el hecho de declararse inocentes de todos los cargos, ha impedido que los sindicalistas acepten las propuestas de acuerdo de la Fiscalía, que en tres ocasiones les ha ofrecido reducir su petición de pena para evitar la entrada en prisión.
La cercanía del proceso ha hecho que los actos de apoyo y las peticiones de derogación se sucedan, con presencia de personas procedentes del ámbito de la cultura, la universidad o la política.
La última de las concentraciones mensuales que se venían realizando en las puertas de la fábrica de Airbus, el 11 de enero, contó con la participación de la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, así como de concejales y diputados autonómicos y nacionales, entre ellos Sol Sánchez (IU).
Posteriormente, cuatro de los “ocho de Airbus” estuvieron en el Parlamento Europeo invitados por la eurodiputada de IU Paloma López para exponer su caso al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea.
En ese encuentro, uno de los imputados, José Alcázar, indicó que este proceso está siendo utilizado para “atemorizar al resto de sindicalistas y trabajadores”, dado que Airbus es una empresa “emblemática por el alto grado de sindicalización de sus trabajadores y por un modelo avanzado de negociación colectiva”.
Otros partidos, como Podemos y PSOE, se han sumado a esta reivindicación, apoyando las proposiciones no de ley aprobadas en los parlamentos autonómicos de Madrid y Andalucía en apoyo a los sindicalistas y pidiendo la derogación del 315.3, además de diversas mociones en el mismo sentido en municipios del entorno de la planta, como Getafe y Fuenlabrada.
Varios diputados nacionales de Podemos visitaron la fábrica el 27 de enero y el partido ha llamado a participar en la manifestación convocada en Getafe el día que comienza el juicio.
La marcha partirá de la planta a las 8.30 horas con la participación de los acusados, de los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo y, según han indicado a Efe fuentes del comité de empresa, también de miembros de la dirección de Airbus, y llegará hasta los juzgados.
No será la única protesta, pues el día 11 otra manifestación saldrá de la madrileña plaza de Cibeles a las 18.30 horas para terminar en la Puerta del Sol.
Fuentes de la organización han destacado que esta manifestación por la derogación del 315.3 ha sido capaz de unir a un mayor número de sindicatos que ninguna otra desde los años 70.
El juicio finalizará el viernes 12 y contará con doce testigos de la defensa, además de los diez policías que sostienen haber sufrido lesiones durante la huelga.
Según el secretario general de CCOO en Airbus y acusado, Enrique Gil, la victoria para ellos solo puede ser política, puesto que aceptar el contenido del artículo 315.3 sería una “traición” que no están dispuestos a asumir.
Una “traición” que Gil entiende que cometerían contra los “300 sindicalistas y trabajadores” que se encuentran en estos momentos en distintos procesos relacionados con dicho artículo en España.
“Ganar el juicio no es ganar la sentencia”, asegura Gil, “sino derogar el 315.3” y explica que, con las movilizaciones, no pretenden librarse “de la cárcel”, sino conseguir un cambio que no se producirá “en la judicatura, sino en el Parlamento”.
