El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus y el exvicepresidente de esta institución Máximo Caturla han sido detenidos hoy en la operación anticorrupción relacionada con la empresa pública Imelsa, que se ha saldado con al menos 24 detenciones y 29 investigados.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha coordinado a primera hora de hoy una operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunitat, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La operación, que sigue abierta mientras la causa está declarada secreta, se ha llevado a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, y se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
Rus, expresidente de la Diputación, exalcalde de Xàtiva y expresidente del PP en la provincia de Valencia, ha sido detenido en la empresa familiar que tiene en el Polígono Industrial de Xátiva, su localidad natal, según ha confirmado a los periodistas la segunda teniente de alcalde, Cristina Suñer.
La dirigente local de Compromís se ha acercado hasta el domicilio del exalcalde de este municipio valenciano, que está siendo registrando por la Guardia Civil y donde todavía permanece Rus en compañía del fiscal anticorrupción con gran expectación de vecinos y medios de comunicación.
La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent.
En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que se encuentra la exconcejal de Valencia María José Alcón, exasesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
También están siendo investigados el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis y Carmen García Fuster (miembro del PP de la ciudad de Valencia), y, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, el exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón.
En la operación desarrollada hoy se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat.
Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Agentes de la Guardia Civil también registran desde primera hora de esta mañana la sede en Valencia de la agencia de comunicación Engloba.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que esta operación policial demuestra que “en España no hay impunidad” y ha insistido en que “los jueces, los fiscales y la Policía trabajan y los delitos se persiguen, cualquiera que sea su autor y con independencia de la formación política” que se vea afectada.
La coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, ha afirmado que su partido quiere que se llegue “hasta el final” en la investigación judicial que afecta a excargos de esta formación, “y si hay algún responsable, que lo pague”.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado que esta operación “demuestra que el PP cobijó la corrupción durante mucho tiempo, con una actitud desleal con los valencianos”, y su vicepresidenta, Mònica Oltra, ha advertido además de que el partido de una trama que saqueaba arcas públicas “no puede gobernar España”.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado la idea de que la investigación de este caso pueda afectar a las negociaciones para formar gobierno, y ha asegurado que su partido ha reaccionado con “contundencia” y van a ser “inflexible”.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha anunciado que si Miguel Llopis y Juan José Medina, investigados en esta causa, no renuncian a sus cargos como asesores del PP en la corporación provincial, “serán destituidos”.
